CHETUMAL, QR.- El Congreso del Estado de Quintana Roo fue notificado de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Jorge Sanén Cervantes, argumentó que el Poder Legislativo actuó apegado a la ley, cumpliendo con las normas generales y con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al aprobar la iniciativa enviada por la gobernadora Mara Lezama.
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El también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales indicó que la XVIII Legislatura ya fue notificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acerca de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la CNDH.
Anticipó que, por tal motivo, el Congreso del Estado tiene en análisis dicho recurso legal y se prepara una respuesta para la defensa jurídica, aunque no especificó la fecha para tal efecto.
Análisis del Estado sobre la impugnación
Destacó que, pese a que la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio fue aprobada el 16 de enero pasado, están por ingresar una iniciativa de reforma para perfeccionar la normatividad.
Sin embargo, en lo que concierne a los puntos que impugna la CNDH, habrá cambios solamente si hay una resolución o sentencia por parte de la SCJN que así lo ordene.
La acción de inconstitucionalidad por parte del órgano defensor de los derechos humanos fue interpuesta el 17 de febrero pasado.
Se argumenta que se vulneran los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 2, 9 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Además, se señala que se violan los derechos a la seguridad jurídica, a la propiedad y el principio de legalidad, principalmente en fracciones de los artículos 11 y 21 de la Ley de Expropiación del Estado de Quintana Roo.
En la acción de inconstitucionalidad, la CNDH especifica que algunos de los supuestos considerados como causas de utilidad pública para efectos de la expropiación, ocupación temporal o limitación de dominio de algún bien ubicado en esa entidad federativa son demasiado amplios y ambiguos, ya que permiten la discrecionalidad por parte de la autoridad correspondiente para afectar el derecho de propiedad de las y los gobernados sobre un bien.
Se aclara que: “las causas de utilidad pública realmente deben atender el bien común y permitir satisfacer necesidades sociales y económicas de la Nación y de las entidades federativas, y que no podrían ser alcanzadas sin la expropiación del bien”.
Las causas de utilidad pública plasmadas en las fracciones del artículo 11 que la CNDH considera amplias y ambiguas son las siguientes:
- II. La ampliación y saneamiento de las poblaciones.
- III. La planeación, estudio, proyección, ejecución, rehabilitación, mantenimiento y aplicación de las obras y servicios necesarios para la operación y administración de los sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado dentro del Estado.
- V. La prevención y el control de la contaminación de las aguas que se localicen dentro del Estado de Quintana Roo y que no sean de jurisdicción federal.
- VIII. La preservación y protección del medio ambiente, de la flora o de la fauna, así como el combate a la fauna nociva y a la insalubridad.
- IX. La protección, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de explotación, en beneficio de la población en general.
- XIV. La construcción de parques industriales, tecnológicos y generadores de energías limpias.
- XXV. Proyectos de inversión pública o privada que incidan de manera directa en el bienestar de los intereses colectivos y la prosperidad compartida.
