CANCÚN, QR.- Con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los mecanismos para ejercer el derecho a la información pública cambiarán. A partir de ahora, distintas autoridades asumirán las tareas que realizaba ese órgano autónomo, y en el caso del gobierno federal, será la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno la encargada de coordinar este proceso mediante la creación del organismo Transparencia para el Pueblo, según documentó Animal Político.
La reforma constitucional que formaliza la desaparición del Instituto fue aprobada el 20 de marzo y sus leyes secundarias se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. Un día después, personal de la nueva Secretaría tomó posesión del edificio ubicado en Insurgentes Sur.
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La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, acudió a las instalaciones y anunció que todos los trabajadores del extinto INAI recibirán una indemnización equivalente a tres meses de sueldo más 20 días por cada año trabajado, como reportó Excélsior.
En su última sesión extraordinaria, el pleno del INAI conformó un Comité de Transferencia que operará durante 30 días naturales. Este órgano está integrado por los comisionados y once funcionarios del Instituto, y su función será coordinar el traspaso de facultades, atribuciones y asuntos pendientes a la Secretaría Anticorrupción, de acuerdo con información publicada por La Jornada.
La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que ha sido el principal canal de solicitudes y consultas desde 2016, quedará bajo administración de la nueva Secretaría. La dependencia tiene un plazo de 15 días hábiles para asumir el control de la plataforma, conservar los archivos y garantizar su operación continua. Las instituciones deberán seguir actualizando sus datos en la PNT al menos cada tres meses, según establecen las nuevas leyes, explicó Animal Político.
Las solicitudes de información seguirán vigentes como vía para obtener datos no publicados en portales oficiales. Aquellas ingresadas antes de la reforma deberán ser respondidas con base en el marco legal anterior. La nueva legislación introduce causales para negar información en áreas como defensa, sistemas tecnológicos, telecomunicaciones o energía. Además, permite reservarla por hasta 10 años si se considera que su divulgación compromete proyectos o servicios estratégicos, indicó también Animal Político.
Los recursos de revisión relacionados con el Poder Ejecutivo federal serán tramitados por Transparencia para el Pueblo. En tanto, las contralorías internas del Congreso asumirán esa función en las Cámaras, y el órgano de disciplina del Poder Judicial hará lo propio en su ámbito. En el caso de órganos constitucionales como el Inegi, el Banco de México o la CNDH, serán sus propios mecanismos internos los responsables de atender las inconformidades, según detalla el mismo medio.
Transparencia por estado
Cada entidad federativa deberá establecer su propia autoridad para supervisar el cumplimiento de la ley de transparencia. A nivel local, las funciones se repartirán entre órganos internos de control de los poderes ejecutivos, legislativos, judiciales y autónomos, informó Animal Político.
Los recursos de revisión pendientes de resolución quedarán en pausa durante 90 días, mientras las nuevas instancias se ponen en operación. Además, todos los juicios de amparo relacionados con acceso a la información y protección de datos serán suspendidos durante un plazo de 180 días. La ley también prevé la creación de juzgados especializados en estas materias, los cuales deberán instalarse en un periodo no mayor a 120 días.
Por otro lado, se incorpora un recurso de revisión en materia de seguridad nacional. Con este mecanismo, la Consejería Jurídica de la Presidencia podrá solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revoque resoluciones emitidas por Transparencia para el Pueblo, si considera que la entrega de cierta información representa un riesgo para el país. Esta figura, descrita por Animal Político, permitiría limitar el acceso a información incluso si ya fue autorizada por la nueva autoridad de transparencia.
Con esta denuncia, se suman nuevos llamados a las autoridades para intervenir y frenar los trabajos hasta que se compruebe su cumplimiento normativo. La laguna de Bacalar, uno de los cuerpos de agua más emblemáticos del país, ha sido eje de múltiples iniciativas de protección ambiental impulsadas por colectivos locales y nacionales.
