CHETUMAL, QR.- Sanciones económicas de más de 481 mil pesos a las empresas o patrones que incumplan con el pago de reparto de utilidades, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Catalina Portillo Navarro, titular de la STPS de Quintana Roo, advirtió que las empresas están obligadas a cumplir con esta disposición legal en favor de sus trabajadores, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.
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Destacó que la normatividad establece que en el caso de las empresas (personas morales) tienen hasta el próximo 31 de mayo para cumplir con esta obligación.
En el caso de las personas que estén contratadas por un patrón o personas físicas, el plazo vence el 29 de junio próximo.
“No hay excusa, ni pretexto que valga para que cumplan en tiempo y forma con el reparto de utilidades 2022”, aseguró la funcionaria.
El reparto de utilidades es un derecho constitucional que tienen los trabajadores subordinados a una persona física o moral, para participar en las ganancias del patrón o las empresas, siempre y cuando éstas se generen.
Portillo Navarro destacó que en el caso de Quintana Roo están registrados un promedio de 900 mil trabajadores, aunque solamente un promedio de 700 mil recibirá esta prestación, pues 200 mil trabajadores son de nuevo ingreso y no cumplen con los 60 días de labores que establece la ley, para que tengan derecho a este pago.
Multas a quienes no paguen el reparto de utilidades
La funcionaria enfatizó que en caso de no cumplir con este pago las personas físicas o morales serán sancionadas económicamente. Las multas están tasadas en Unidad de Medida de Actualización (UMA).
Los topes mínimos y máximo que establece la normatividad son los siguientes:
- 250 UMAS (24 mil 55 pesos)
- 5 mil UMAS (481 mil 100 pesos)
La cantidad de pago que le corresponde a los trabajadores es proporcional a su salario, aunque se calcula teniendo como base el 10 por ciento de las ganancias de las empresas o patrones del último año.
La STPS realizará un operativo de verificación posterior al vencimiento de los plazos establecidos por ley.
