David Acosta | R360
La marcha convocada por colectivos feministas para exigir un alto a la violencia contra las mujeres en Quintana Roo, al parecer quiere ser convertido por funcionarias del gobierno de Carlos Joaquín en una pasarela política para exhibirse como defensoras de las causas de las mujeres, cuando en realidad muchas de ellas se han distinguido por malos tratos, despidos injustificados e indiferencia ante la necesidades de la féminas que han tenido la mala suerte de trabajar con ellas.
Las funcionarias se rasgan las vestiduras y algunas han dado declaraciones en torno al movimiento “Un día sin mujeres”, surgido tras la muerte de la niña Fátima en la Ciudad de México, convocando a las féminas del estado a no trabajar ese día, a manifestarse, a unirse a la lucha y alzar la voz para que cese la violencia en contra de la mujer.
También te puede interesar: El futuro inmediato de la publicidad oficial
Es el caso de la directora del Instituto de la Mujer, Silvia Damián López, quien no se cansa de echarle la culpa a la Federación por la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres decretada en julio de 2017 para para tres municipios: Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel, pero que ya cuenta con dos solicitudes más para Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco.
Esta funcionaria se distingue por hacer oídos sordos como en el caso de Eréndira, una ex trabajadora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Quintana Roo, que le solicitó apoyo tras ser despedida por reclamar el derecho de amamantar a su bebé. La servidora pública ni se inmutó.
Otra, de quien incluso se dice recibirá un reconocimiento, es la directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), Martha Silva Martínez, quien desde que llegó a esa dependencia se dedicó a despedir a medio mundo, solo por el hecho de no caerle bien o de no convenir a sus intereses, sin importar que fuera hombre o mujer o que las familias se quedaran sin sustento. Mujeres de Cancún hicieron patente los maltratos y abusos por parte de Martha Silva en las oficinas del SQCS.
No hay mejor símbolo del maltrato hacia las mujeres que Haidé Serrano, la coordinadora General Comunicación, quien recibirá un reconocimiento y que además ya está presumiendo su blusa morada (color emblemático de la lucha contra la violencia de género) en redes sociales. La funcionaria es la que más ha corrido mujeres de una dependencia de gobierno, solamente superada por el oficial mayor, Manuel Alamilla Ceballos.
Dominga Calles Alatorre fue una de las trabajadoras corridas por la funcionaria, quien anda promoviendo su imagen. Esta ex trabajadora es una periodista con amplia trayectoria, pero por temas personales la eliminó de la coordinación. Otra despedida fue Eloísa González, sin importar que recientemente enviudara.
Otras funcionarias que se distinguen por su mal trato contra las mujeres son: María Elba Carranza Aguirre, directora del DIF Estatal; Carolina Portillo Navarro, secretaria del Trabajo y Previsión Social; Candelaria Raygoza Alcocer, directora del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, y Ana Vásquez Jiménez, titular de la Secretaría de Educación en Quintana Roo.
Estas mujeres están listas para preparar las manifestaciones del 9 de marzo y con la anuencia del gobernador Carlos Joaquín, para denostar las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo no han caído en cuenta que con ello dan senda estocada al propio mandatario estatal por su falta de compromiso con la seguridad no solo de las mujeres, sino de todos los quintanarroenses.
De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 en Quintana Roo más de 62 mujeres tuvieron una muerte violenta y el estado se encuentra entre los primeros 10 lugares de las entidades con mayor tasa de feminicidios.
Cuál será el pretexto para que estas funcionarias públicas se quieran poner en el lugar de las víctimas de esas que andan en callejones oscuros luego de salir de su trabajo o de la escuela, de las que tienen que trabajar jornadas dobles para ganar un salario mínimo que no alcanza ni para las necesidades básicas, de las que madrugan para ganar unos cuantos pesos a cambio de horas interminables y pesadas jornadas laborales, de quienes sufren una muerte violenta que no interesa al gobierno de Carlos Joaquín y menos al del Andrés Manuel López Obrador.
Estas funcionarias son las que llegan a las marchas con chofer, secretario particular, asistentes y hasta guaruras, si no pregunten cuántas personas de seguridad tienen asignadas empezando por Catalina Portillo, quien se conduce como si ella pagará a sus choferes o guardaespaldas del dinero de su bolsillo.
