CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó dos tesis de jurisprudencia que marcan un precedente histórico en la protección de menores víctimas de abuso sexual, reforzando la lucha contra la violencia infantil. Estas resoluciones derivan del caso que la artista Sasha Sökol Cuillery ganó contra el productor Luis de Llano Macedo, y determinan que no existe plazo para exigir indemnización por los daños sufridos.
Las tesis 200/2025 y 201/2025, de aplicación obligatoria para todos los juzgados y tribunales del país desde el 1 de septiembre, establecen que cualquier acto sexual entre adultos y menores constituye un hecho ilícito y violento. Además, se precisa que el derecho a reclamar indemnización por violencia infantil es imprescriptible, permitiendo a las víctimas acceder a la justicia sin importar el tiempo transcurrido desde los hechos.
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Sasha Sökol destacó la importancia de esta decisión: “. Celebro que antes de partir hayan sumado a su legado jurisprudencial estas herramientas que amplían los derechos de las víctimas y contribuyen a un sistema de justicia más humano”. Su caso motivó un debate nacional sobre la protección de menores y el acceso a la justicia frente a casos de violencia infantil prolongada.
SCJN refuerza derechos de víctimas de violencia infantil
El criterio aprobado por la SCJN establece que los tribunales deben garantizar reparación integral a quienes han sufrido violencia infantil, eliminando la discrecionalidad que antes generaba fallos contradictorios. La jurisprudencia también reconoce que establecer límites temporales para la denuncia vulnera los derechos de las víctimas de abuso sexual en la infancia, fortaleciendo la protección legal y social de los menores.
Organizaciones defensoras de los derechos de la niñez consideran que estas decisiones representan un avance contundente en la lucha contra la impunidad y la violencia infantil, asegurando que las víctimas puedan obtener indemnización y reparación sin obstáculos.
Con estas medidas, la Suprema Corte redefine el marco legal en México para atender casos de abuso sexual infantil, reafirmando que toda agresión contra menores constituye un acto de violencia infantil que debe ser sancionado y reparado de manera efectiva.
