MIAMI, FL.- Un tribunal de Florida resolvió a favor del Gobierno de México en la demanda civil contra Genaro García Luna y Linda Cristina Pereyra, con una condena que asciende a casi 2,500 millones de dólares. La sentencia responde a un esquema de desvío de recursos públicos presuntamente orquestado durante y después de su paso por el servicio público federal encontrados por la Unidad de Inteligencia Financiera.
La resolución de la Corte de Circuito del Décimo Primer Circuito Judicial de Miami Dade obliga a García Luna a pagar más de 748 millones de dólares, y a su esposa, 1,740 millones, en cumplimiento de la legislación de Florida que permite triplicar el monto reclamado originalmente en casos de corrupción y lavado, informa El País.
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La Unidad de Inteligencia Financiera promovió la demanda en 2021, cuando estaba a cargo de Santiago Nieto Castillo, quien inició la persecución judicial antes de dejar el cargo. Este procedimiento legal es el primero en su tipo que presenta el Estado mexicano en tribunales estadounidenses para recuperar recursos saqueados del erario.
La demanda se basa en 30 contratos adjudicados entre 2009 y 2018 a empresas vinculadas a García Luna, tanto durante su gestión en la Secretaría de Seguridad Pública como en su faceta posterior como proveedor y consultor del Gobierno.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera, 427 millones de dólares provinieron de la Secretaría de Gobernación, particularmente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. Estas contrataciones se llevaron a cabo entre 2013 y 2018, bajo la administración de Miguel Ángel Osorio Chong, reporta El País.
Unidad de Inteligencia Financiera rastrea red de empresas y testaferros
Además de las adjudicaciones desde Gobernación, el expediente señala desvíos desde la entonces Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, hoy Fiscalía General, por al menos 1.5 millones de dólares, con la firma de contratos en octubre de 2017.
El resto de los recursos desviados se asignaron entre 2009 y 2012 desde la Policía Federal, cuando García Luna aún ocupaba el cargo de secretario de Seguridad. Se estima que el total de los contratos simulados durante esa etapa asciende a más de 316 millones de dólares.
Los fondos fueron canalizados hacia diversas empresas, entre ellas GLAC Security Consulting, Nunvav Inc., y Nunvav Technologies, con sede en Panamá, así como Nice Systems LTD, con presencia en Israel. Las operaciones involucraron cuentas bancarias en Barbados, Estados Unidos e Israel.
El Gobierno mexicano logró recuperar, hasta ahora, poco más de 2.7 millones de dólares en activos, tras la ejecución de sentencias previas en el mismo proceso judicial. Esta cifra incluye montos líquidos, un inmueble y el vencimiento de una hipoteca, de acuerdo con la nota informativa de la UIF.
La Unidad de Inteligencia Financiera precisó que estos recursos ya fueron transferidos a la Tesorería de la Federación, mientras que el bien inmueble asegurado permanece bajo administración del Estado, a la espera de su venta.
Ejecutarán sentencia con nuevos bienes que detecte la Unidad de Inteligencia Financiera
Pese a que las empresas Delta Integrator LLC, OGGI Caffe LLC, GL & Associates Consulting LLC y GLAC Security han sido objeto de resoluciones judiciales, aún no se han localizado otros bienes directamente vinculados a los sentenciados.
La Unidad de Inteligencia Financiera adelantó que la sentencia permitirá ejecutar medidas sobre cualquier propiedad que, en el futuro, se logre identificar a nombre de García Luna o de su esposa, incluso si están registradas a nombre de terceros o testaferros.
El juicio concluyó sin la presencia de los demandados. García Luna no presentó defensa y su esposa, aunque inicialmente contestó la demanda, dejó de comparecer. La jueza Lisa Walsh decretó el fin del proceso judicial por incomparecencia de ambas partes, de acuerdo con la nota informativa de la UIF.
Esta acción judicial impulsada por la Unidad de Inteligencia Financiera representa un precedente para futuras reclamaciones internacionales del Estado mexicano por desvíos de recursos públicos.
