En su paso por la Presidencia (1994–2000), Ernesto Zedillo Ponce de León implementó mecanismos de gobernabilidad que, bajo la retórica de la “estabilidad” y la “modernización”, apuntalaron un estilo autoritario con escasa rendición de cuentas.
Desde el rescate bancario del Fobaproa y la privatización de sectores estratégicos, hasta la represión contra movimientos sociales y la complicidad –cuando no tolerancia– frente al narcotráfico, su gobierno dejó un saldo de decisiones que recortaron espacios democráticos y profundizaron la vulnerabilidad ciudadana.
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Este análisis revisa, a partir de ensayos académicos y reportajes de investigación, los puntos oscuros de aquel sexenio y la manera en que las políticas de Zedillo socavaron las instituciones y derechos fundamentales.
El Fobaproa: deuda pública y privilegios privados
Un “rescate” desigual
En 1995, ante la crisis financiera, el gobierno de Zedillo activó el Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), comprando por 552 300 millones de pesos la deuda de la banca privada, prácticamente exonerando a los accionistas de pagar por su propia. Según un trabajo recopilado por SinEmbargo, esta medida socializó pérdidas privadas y dejó a millones de deudores particulares sin respaldo, al mismo tiempo que solo unos pocos beneficiarios del sistema financiero recuperaban sus activos.
Consecuencias sociales a largo plazo
Estudios de la Cepal y de economistas como Fausto Hernández Trillo advierten que el costo del Fobaproa, lejos de saldarse en 30 años, podría prolongarse hasta 70 años, afectando al presupuesto público y postergando inversiones sociales fundamentales. Lo anterior refuerza la percepción de un pacto entre élites políticas y financieras, ajeno a la democracia participativa y centrado en la protección corporativa.
Privatizaciones y control de recursos estratégicos
Venta de ferrocarriles sin consulta
El gobierno de Zedillo procedió a la privatización del sistema ferroviario, adjudicando concesiones a empresas vinculadas a altos funcionarios, y sin mecanismos de consulta ni transparencia. Esta decisión concentró rutas y activos en manos privadas y debilitó la capacidad estatal de regular sectores clave, atando intereses económicos particulares a las decisiones de gobierno.
Restricción de derechos económicos
Las ventas de activos públicos formaron parte de un paquete de “ajustes estructurales” que redujeron el papel directo del Estado en la economía. Investigadores califican estos procesos de diseñados “a modo” para beneficiar a grupos empresariales cercanos al partido en el poder, minando la equidad y la competencia real en los mercados locales.
Represión y violaciones de derechos humanos
Masacre de Aguas Blancas (1995)
En Guerrero, el 28 de junio de 1995, policías estatales emboscaron y asesinaron a 17 campesinos –incluyendo mujeres y ancianos– que protestaban por abusos agrarios. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó la masacre como ejecución extrajudicial y violación al derecho a la vida, señalando la impunidad estructural del gobierno estatal y federal.
Matanza de Acteal (1997)
Con 45 civiles tzotziles asesinados en Chiapas, aquel episodio configuró una estrategia de contrainsurgencia de corte militar-policiaco. Un análisis de la UNAM señala que el operativo de 1995 contra el EZLN, seguido de la desatención a acuerdos posteriores, reforzó la percepción de un Estado inclinado a la fuerza represiva antes que al diálogo político.
Impunidad y disolución de la Suprema Corte
Zedillo impulsó cambios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), removiendo magistrados y estableciendo un nuevo esquema de designaciones visto por críticos como una forma de someter al órgano al Ejecutivo, socavando su autonomía y equilibrio de poderes.
Narcotráfico: complicidades y omisiones
Colusión institucional
Aunque el gobierno de Zedillo heredó una crisis de violencia derivada de cárteles, investigaciones apuntan a la existencia de “vasos comunicantes” entre autoridades y capos, en especial en zonas fronterizas, donde el Ejército y la Policía Federal habrían recibido sobornos para facilitar el paso de cargamentos de droga.
Asesinato de Colosio y rumores de financiamiento
El homicidio de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994, y las líneas de investigación que apuntaron al involucramiento del narco como financiador de campañas políticas, reflejan el grado de penetración del crimen organizado en decisiones electorales, sin aclararse nunca plenamente las verdaderas motivaciones ni responsabilidades.
Déficit democrático y legado autoritario
Aun con avances electorales –como el debilitamiento del PRI tras perder la mayoría legislativa en 1997–, el sexenio de Zedillo funcionó bajo un presidencialismo fuerte, con reducida rendición de cuentas y mínimos espacios de participación ciudadana real. Sus decisiones económicas y militares dejaron una impronta de opacidad y concentración de poder, en ocasiones revestida de “reformas” pero con escaso seguimiento democrático. Ensayistas y académicos coinciden en que, bajo el manto de la “estabilidad”, se reforzó un autoritarismo tecnocrático que marcó el rumbo de México más allá del mero recuento de indicadores económicos.
