La ambiciosa Reforma Político-Electoral impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca consolidar la redefinición institucional de la Cuarta Transformación, alterando los cimientos de la competencia democrática en México desde finales del siglo XX. Al 10 de febrero de 2026, esta iniciativa representa un cambio de paradigma que centraliza funciones electorales, reduce el financiamiento partidista y, críticamente, intenta eliminar la representación proporcional (plurinominales).
El debate se ha estancado debido a que la propuesta, concebida como el “Plan C” para dotar al Estado de mayor control y eliminar “excesos burocráticos”, enfrenta obstáculos significativos dentro de la propia coalición gobernante. La eliminación de los plurinominales toca directamente la fibra de supervivencia del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), evidenciando la primera gran fisura en la alianza que busca asegurar la hegemonía total del oficialismo en el Congreso de la Unión antes del ciclo electoral de 2027.
Justificación de la reforma: Austeridad republicana y el costo de la democracia
La premisa central de la presidenta Sheinbaum para estos cambios es la necesidad de establecer un sistema electoral más austero y cercano a la ciudadanía. El Ejecutivo argumenta que México mantiene una de las democracias más caras del mundo, con un presupuesto asignado a las instituciones electorales que excede los estándares internacionales.
Según la exposición de motivos y los comparativos internacionales, el costo estimado del sistema electoral mexicano por persona se sitúa en $9.07$ dólares. Esta cifra contrasta fuertemente con el gasto observado en naciones con economías similares como Brasil, Argentina o Perú.
El argumento de la austeridad republicana no es meramente financiero; también legitima la centralización de funciones bajo la lógica de eliminar la duplicidad operativa. La narrativa oficial sostiene que la estructura actual, con 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y el Instituto Nacional Electoral (INE), fragmenta los recursos sin aumentar la certeza para el votante. Por esta razón, la propuesta busca que el INE —potencialmente renombrado como Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC)— absorba la organización total de las elecciones federales, estatales y municipales.
Elementos clave de la reingeniería estatal propuesta
La iniciativa, adelantada para el periodo ordinario de sesiones de 2026, se compone de al menos doce cambios constitucionales fundamentales, coordinados en la Secretaría de Gobernación por Rosa Icela Rodríguez. A continuación, se detalla la transformación institucional en curso:
La reconfiguración del Congreso de la Unión
El punto más sensible de la reforma es la reducción drástica del número de integrantes del poder legislativo. El objetivo es un ahorro financiero significativo y, más importante, la modificación de la composición del acceso político.
- Cámara de Diputados: Se plantea reducir la integración de 500 a 300 o 400 escaños. La opción más radical, y la preferida por el núcleo duro de Morena, es eliminar las 200 curules de representación proporcional (plurinominales), dejando únicamente a los 300 diputados electos por mayoría relativa en sus distritos.
- Senado de la República: La propuesta contempla eliminar los 32 senadores electos por lista nacional. Esto reduciría la cámara alta de 128 a 96 integrantes, manteniendo únicamente tres senadores por entidad federativa (dos de la fórmula ganadora y uno de la primera minoría).
Los defensores de la medida alegan que el Congreso actual padece una “sobrerrepresentación artificial”. En contraste, críticos y especialistas advierten que eliminar la representación proporcional condenaría a la oposición a una presencia testimonial, sin importar los porcentajes de votación que obtuvieran a nivel nacional.
El método de elección de autoridades electorales
Siguiendo el precedente de la reforma judicial de 2024, la iniciativa electoral de 2026 propone que los consejeros del INE y los magistrados del TEPJF sean elegidos mediante el voto universal, libre, secreto y directo de la ciudadanía. Esto eliminaría el sistema de cuotas partidistas del Congreso para la designación de los árbitros.
Bajo este esquema, los tres poderes de la Unión postularían una lista de candidatos y el electorado decidiría la integración del consejo general y las salas del tribunal. Exconsejeros electorales han reaccionado enfáticamente, señalando que este proceso transformaría a los árbitros en “jugadores políticos”, forzándolos a realizar campañas y buscar activamente el respaldo de estructuras partidistas para ser electos.
Financiamiento a partidos: La tijera presupuestal
Un componente esencial de la iniciativa es la reducción drástica del financiamiento público. La propuesta preliminar sugiere un recorte de hasta el 50% en las prerrogativas destinadas a actividades ordinarias y busca eliminar el financiamiento para actividades partidistas específicas. Esto obligaría a los institutos políticos a buscar mecanismos de autofinanciamiento más rigurosos y fiscalizados.
Aunque se ha discutido la posibilidad de permitir mayores márgenes de financiamiento privado para compensar la reducción, la iniciativa contempla el uso de Inteligencia Artificial para reforzar las herramientas de fiscalización del INE (o INEC), particularmente en el monitoreo de gastos de campaña en redes sociales y medios digitales, para prevenir la infiltración de recursos ilícitos.
El dilema de los plurinominales: La fisura en la coalición
La eliminación de la representación proporcional es el factor que ha generado la “primera gran fisura” en la alianza de Morena, el PT y el PVEM. Al 10 de febrero de 2026, la negociación se mantiene estancada, pues las consecuencias de este cambio son existenciales para los socios menores del oficialismo.
Consecuencias existenciales para el PT y el PVEM
Para el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, la representación proporcional es su principal vía de acceso y supervivencia en el Congreso. Su dificultad histórica para ganar distritos por mayoría relativa de forma individual los obliga a depender de las listas nacionales y las coaliciones para mantener sus bancadas.
- Riesgo de desaparición: Un sistema puramente de mayoría relativa podría dejarlos con una representación legislativa testimonial o nula, lo que forzaría a estos partidos a una marginalidad política o, de facto, a una fusión con Morena. Dirigentes han manifestado en mesas privadas que la postura actual equivale a un “suicidio político”.
- Pérdida de financiamiento: La reducción de las prerrogativas, ligada a la menor votación obtenida y a la eliminación de curules plurinominales, podría mermar los ingresos del PT y del PVEM hasta en un 60%, afectando gravemente sus estructuras operativas en los estados.
El posicionamiento de la oposición y el riesgo de sobrerrepresentación
Los partidos de oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano) han cerrado filas en contra de la eliminación de los plurinominales. Su argumento central se basa en que el sistema mixto actual fue diseñado específicamente para evitar que un partido con una mayoría simple de votos controle una mayoría desproporcionada del Congreso.
La oposición advierte que, de aprobarse la reforma, se cristalizaría un escenario de hegemonía total.
Aritmética legislativa y el punto de estancamiento al 10 de febrero de 2026
Para que la reforma electoral sea aprobada como constitucional antes del inicio del proceso electoral de 2027, Morena necesita alcanzar la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, lo que exige el consenso de sus aliados.
Las disputas internas de Morena: Alcalde contra Monreal
Un factor determinante en las negociaciones son las tensiones entre la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde, y los operadores legislativos, incluyendo a Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados y Adán Augusto López en el Senado.
- Postura de Luisa María Alcalde: La presidenta de Morena ha mantenido una línea dura, exigiendo que no se realicen concesiones a los aliados. Su visión es que Morena ya no necesita la figura de la “vida eterna” (transferencia de votos) ni pactos que garanticen plurinominales a cambio de lealtad.
- Postura de Ricardo Monreal: El coordinador de los diputados ha abogado por el pragmatismo, advirtiendo que “sin consenso no hay viabilidad constitucional”. Monreal ha sugerido escenarios alternativos, como reducir los plurinominales a 100 en lugar de eliminarlos todos, buscando asegurar los votos necesarios de los aliados.
Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, intenta “suavizar” la propuesta apelando a la “lealtad a la 4T”, mientras que Pablo Gómez, desde la Comisión Presidencial, mantiene una postura técnica y rígida a favor de someter al INE al escrutinio presupuestal.
El terreno crítico del Senado
La aritmética en el Senado de la República es particularmente precaria. Se requieren 86 votos para la mayoría calificada.
Al 10 de febrero de 2026, la coalición oficialista suma aproximadamente 85 votos, cerca del umbral, gracias a la incorporación de legisladores que abandonaron las filas del PAN y del PRI. Esta situación otorga a cada senador individual una capacidad de veto extraordinaria. Si el PT y el PVEM deciden votar en contra de la reforma, esta se derrumbaría inmediatamente en la Cámara Alta.
Proyecciones y costos políticos para 2027
La persistencia en la eliminación total de los plurinominales conlleva riesgos que trascienden la votación parlamentaria y amenazan la estabilidad de la coalición gobernante en los comicios intermedios de 2027.
El riesgo de ruptura y sus consecuencias
Una ruptura con el PT y el Verde antes de 2027 se traduciría en una pérdida inmediata de la agenda legislativa para la presidenta Sheinbaum, ya que perdería la capacidad de modificar la Constitución en la segunda mitad de su sexenio. Adicionalmente, se prevé una fragmentación del voto en estados donde el PT o el Verde tienen bases regionales sólidas (como Chiapas, Quintana Roo o San Luis Potosí), restando puntos críticos a Morena en la elección de diputados federales.
El escenario de transición caótica del INEC
Si la reforma es ratificada por las 17 legislaturas estatales antes de que concluya 2026, el sistema electoral entraría en una fase de transición altamente caótica justo antes del inicio de los comicios de 2027. La desaparición de los 32 OPLEs implicaría el despido de miles de profesionales electorales y la transferencia masiva de bases de datos, cartografía y materiales a una nueva estructura nacional. Actualmente, esta estructura no posee la capacidad operativa para gestionar simultáneamente 32 elecciones locales y una federal.
La sociedad civil y la comunidad internacional también observan la reforma con cautela. Existe el riesgo de que el desmantelamiento brusco del INE, que cuenta con una evaluación ciudadana positiva del 59.9% según Mitofsky, genere un efecto bumerán para Morena si la organización de las elecciones de 2027 resulta en fallas técnicas o falta de certeza. Además, la etiqueta de “Ley Maduro” que impulsa la oposición busca capitalizar el temor a un retroceso autoritario entre el electorado de clase media.
La cláusula de supervivencia
Para asegurar los votos necesarios en el Senado y mitigar el costo político, es altamente probable que la reforma final incorpore una concesión de última hora: una “cláusula de supervivencia”. Esta medida permitiría a los partidos minoritarios mantener un número mínimo de curules si alcanzan un umbral de votación nacional (probablemente el 3%, independientemente de si ganan distritos por mayoría.
La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en una encrucijada determinante al 10 de febrero de 2026. Aunque la iniciativa es poderosa por su narrativa de austeridad y el rechazo social al costo de la política tradicional, el texto aún carece del consenso interno para alcanzar la mayoría calificada en el Senado sin comprometer la estabilidad de la coalición gobernante. El modelo de “democracia mayoritaria” propuesto beneficia desproporcionadamente al partido en el poder, pero su implementación depende de la lealtad de un PT y un PVEM que se sienten directamente amenazados. La clave para la presidenta radica en la gestión de esta tensión: la imposición arriesga una alianza fragmentada y un sistema electoral en crisis operativa en 2027; la negociación garantizará una versión mitigada de la reforma que postergará la reconfiguración total de la arquitectura electoral a cambio de preservar la cohesión del bloque oficialista.
