El Senado de México aprobó el 29 de septiembre de 2026 una reforma constitucional que exige la nacionalidad mexicana única para aspirar a la Presidencia, gobernaturas y Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, limitando los derechos políticos de ciudadanos binacionales para cargos ejecutivos.
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Votación y alcance de la reforma en el Congreso
La iniciativa de reforma constitucional fue avalada por el Senado sin modificaciones significativas, culminando un proceso legislativo que la remite a los congresos locales.
El proyecto de reforma constitucional fue aprobado en lo general y en lo particular por el Senado con 86 votos a favor y 42 en contra, sin registro de abstenciones. Este resultado consolidó su aval y permitió su envío a los congresos locales para el proceso de ratificación. Las modificaciones introducidas impactan tres artículos de la Constitución, estableciendo que los aspirantes a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deben ser mexicanos por nacimiento y no poseer ni adquirir otra nacionalidad. En caso de tenerla, se requiere la renuncia explícita antes de solicitar el registro electoral, acreditando la disolución del vínculo jurídico con el otro Estado. Adicionalmente, durante el ejercicio del cargo, se prohíbe adquirir o solicitar otra nacionalidad, invocarla ante autoridades extranjeras, o utilizar pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro país. Tampoco podrán ejercer derechos políticos inherentes a esa ciudadanía extranjera ni acogerse a su protección diplomática.
Plazos de aplicación e impulso presidencial
La aplicación de la reforma se proyecta para el proceso electoral de 2028, con la obligación del Congreso y las entidades federativas de armonizar sus legislaciones en 90 días.
Los cambios en la legislación serán aplicables a partir del proceso electoral de 2028, sin afectar a quienes ya se encuentren ejerciendo alguno de los cargos al momento de la entrada en vigor de la reforma. El Congreso federal dispone de un plazo de 90 días naturales para adecuar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral correspondiente. De forma paralela, las entidades federativas están obligadas a armonizar sus constituciones y normas electorales dentro del mismo plazo. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, presentó esta iniciativa el 30 de agosto. Previamente, la Cámara de Diputados la aprobó el 22 de septiembre con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención en lo general, y 334 votos favorables, 109 contrarios y una abstención en los artículos reservados. Como reforma constitucional, se requiere el respaldo de la mayoría de las legislaturas de las 32 entidades federativas para su publicación oficial.
Debate político y cuestionamientos sobre soberanía y derechos
La reforma genera un quiebre en la concepción de derechos políticos, con Morena y sus aliados defendiendo una condición de soberanía, mientras la oposición denuncia una restricción.
En el Senado, Morena y sus aliados defendieron la medida, argumentando que no elimina la doble nacionalidad ni restringe de forma general los derechos políticos. En cambio, plantean que establece una condición excepcional vinculada directamente con la soberanía nacional para quienes encabezan los poderes ejecutivos. Sin embargo, los partidos opositores como Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) sostuvieron que esta exigencia restringe derechos políticos fundamentales de mexicanos con doble nacionalidad. Esta crítica se agudiza particularmente para quienes emigraron o nacieron en el extranjero, afectando a un segmento importante de la diáspora mexicana.
Rechazo empresarial y contexto regional de la binacionalidad
La American Society of Mexico expresa un rechazo contundente a la reforma, señalando una posible presunción de deslealtad y una restricción de derechos sin consulta adecuada.
La American Society of Mexico (Amsoc), una asociación de empresarios estadounidenses en México, emitió un comunicado el 29 de septiembre de 2026 expresando su rechazo a la reforma constitucional. American Society sostuvo que la medida restringe los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad y cuestionó la aprobación sin consultar a los posibles afectados y sin habilitar un espacio de parlamento abierto. La asociación afirmó que “La doble nacionalidad no cancela la identidad mexicana, la lealtad al país ni la participación de sus ciudadanos en la vida pública”, y añadió que “las diferencias de nacionalidad no deben convertirse en motivo para restringir derechos ni para presumir deslealtad de manera generalizada”. El debate sobre la doble nacionalidad también ha escalado en otros procesos electorales de América Latina, donde presidentes como Daniel Noboa en Ecuador o Abelardo de la Espriella en Colombia, poseen también la nacionalidad estadounidense. En ambos países, la oposición ha cuestionado la binacionalidad por posibles conflictos de intereses, subrayando una tensión estructural similar en la región.
