Al 22 de febrero de 2026, México enfrenta una encrucijada electoral crítica. La inminente reforma constitucional, impulsada por el Ejecutivo Federal, ha fracturado la coalición oficialista y expuesto profundas divisiones internas en Morena, poniendo en riesgo la mayoría calificada necesaria y redefiniendo el modelo de Estado para los comicios de 2027.
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¿Por qué la reforma electoral de 2026 es una prueba de fuego para la presidencia de Sheinbaum y el modelo de Estado mexicano?
En mis años de seguimiento legislativo, he visto cómo la dinámica de los plazos fatales, como el que enfrenta México para la reforma electoral de 2026, genera una presión inmensa que expone las verdaderas fisuras de cualquier bloque político. No estamos hablando de un ajuste menor; esta iniciativa busca redefinir el modelo de Estado, impactando la selección de 500 diputados federales, 17 gubernaturas y cientos de alcaldías en 2027. La urgencia es palpable: cualquier cambio constitucional debe promulgarse 90 días antes del inicio del proceso electoral de septiembre de 2026, lo que nos deja con una ventana legislativa que se cierra esta misma semana.
Mi experiencia directa en negociaciones de alto nivel me dice que el retraso en la presentación formal de la iniciativa presidencial al Congreso, hasta el 24 de febrero, no es un mero detalle administrativo. Es un síntoma de la profunda falta de consenso que Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena, ha intentado disimular. La mesa está puesta para una confrontación que definirá la capacidad de gobernanza de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la cohesión de su movimiento.
¿Cómo la aritmética legislativa está fracturando el bloque oficialista y cuáles son los puntos irreductibles para el PT y el PVEM?
La realidad numérica del Congreso es implacable: sin el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Morena simplemente no tiene la mayoría calificada para modificar la Constitución. La declaración del senador Luis Armando Melgar (PVEM) de votar en contra de la propuesta, calificándola de “retroceso brutal” y un paso hacia un “partido único”, es la primera gran fisura pública y un claro indicador de que la lealtad tiene límites.
En mis análisis de estrategia parlamentaria, la resistencia de los aliados no es ideológica en su totalidad; es una cuestión de supervivencia política. Los puntos de fricción son existenciales para el PT y el PVEM:
- Reducción de plurinominales: La propuesta de eliminar o reducir drásticamente los 200 escaños de representación proporcional en la Cámara de Diputados y los 32 del Senado es un golpe directo a la médula de estos partidos. Para ellos, los plurinominales no son un lujo, sino la garantía de su presencia legislativa, especialmente cuando su fuerza territorial es dispersa.
- Recorte al financiamiento público: Una reducción de hasta el 50% en las prerrogativas partidistas, limitando el gasto a años electorales, es percibida como una estrategia para asfixiarlos operativamente. Mi experiencia me dice que esto los dejaría en una desventaja abismal frente a la maquinaria de Morena, que cuenta con una base social y recursos informales mucho más amplios.
- Método de selección de candidatos: La transición a listas abiertas, donde el voto es por personas y no por listas cerradas, es vista como un mecanismo que diluye la disciplina partidista y favorece a las figuras más mediáticas de Morena, marginando a los cuadros de los partidos aliados.
El senador Melgar lo dejó claro: “somos aliados, no paleros”. Esta frase encapsula la frustración de sentirse excluidos de la redacción técnica del proyecto, que ha estado bajo el control estricto de la Comisión Presidencial de Pablo Gómez.
La aritmética del desencuentro en la Cámara de Diputados (al 21 de febrero de 2026)
Fuente: Sistema de Información Legislativa y composición de la LXVI Legislatura.
Como se desprende de la tabla, Morena necesita 81 votos adicionales para la mayoría calificada. La deserción del PVEM (62 diputados) o del PT (49 diputados) hace matemáticamente imposible alcanzar los 334 votos si la oposición se mantiene unida. En el Senado, la situación es igualmente precaria, con Morena necesitando los 14 del Verde y los 6 del PT para superar los 86 votos requeridos. Un solo voto en contra, como el de Melgar, coloca al bloque en el umbral crítico de 85, forzando una negociación desesperada.
Más allá de los titulares: ¿Qué luchas internas en Morena están realmente definiendo el destino de la reforma?
La reforma electoral ha destapado una “implosión” interna en Morena, un término que, en mi opinión, describe con precisión la incapacidad del movimiento para gestionar su propio gigantismo y la coexistencia de facciones con intereses divergentes. No es solo una cuestión de coordinación legislativa; es una confrontación ideológica sobre la consolidación del régimen.
- Los “duros”: Esta facción, ligada a la dirigencia nacional y al legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, impulsa una reforma que sea lo más fiel posible al “Plan A” original: desaparición total de plurinominales y una reducción drástica del INE. Su premisa es que la legitimidad reside en el voto directo y mayoritario, y cualquier concesión es una “descafeinación” de la transformación. En mi experiencia, estos grupos suelen priorizar la pureza ideológica sobre la viabilidad política.
- Los “técnicos”: Alineados con la visión de gestión de Claudia Sheinbaum y operados por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, han intentado construir una propuesta más moderada y procesable. Este grupo reconoce que la estabilidad de la coalición es fundamental para la gobernabilidad del sexenio. Mi análisis sugiere que la estrategia de Rosa Icela Rodríguez de buscar consensos con el PT y el PVEM, manteniendo un esquema de representación proporcional reducido y un ajuste presupuestal gradual, era la vía más pragmática. Sin embargo, estos avances colapsaron ante la intransigencia de la dirigencia partidista y la Comisión Presidencial de Pablo Gómez, un error de operación política que ha dejado a la presidenta Sheinbaum en una posición vulnerable.
Ricardo Monreal Ávila, en este contexto, ha asumido un rol de mediador y defensor de la figura presidencial. Al inaugurar el Seminario de Capacitación “Los No Tan Jóvenes Legislando 2026”, no solo buscó formar cuadros, sino enviar mensajes de unidad y respaldo a Sheinbaum. Ha intentado minimizar el conflicto como un “desacuerdo legislativo temporal”, pero sus declaraciones reflejan una preocupación real por la construcción de la mayoría calificada. En mis años observando el Congreso, he visto cómo estos “seminarios” son a menudo foros para la negociación de última hora y la alineación de voluntades.
¿Cuáles son los puntos ciegos críticos de la propuesta de reforma, especialmente en relación con el crimen organizado y las salvaguardas democráticas?
Una de las críticas más severas, y en mi opinión, la más preocupante, es la aparente omisión de la infiltración del crimen organizado en las campañas. El diputado Octavio Borunda (PVEM) ha sido una voz clave al señalar que la prioridad de cualquier reforma debería ser frenar la capacidad de los grupos delictivos para imponer autoridades.
Mi análisis crítico de la “falsa austeridad” que promueve el gobierno es que, al debilitar las estructuras profesionales del INE en las regiones —como las Juntas Distritales Ejecutivas—, se reduce la capacidad del Estado para monitorear lo que sucede en el terreno. Esto deja a los candidatos y a los procesos electorales vulnerables a la coacción criminal, un riesgo que he visto materializarse en otros contextos latinoamericanos.
Riesgos de la reforma electoral frente al crimen organizado
Fuente: Recopilación de advertencias de consejeros del INE, legisladores y consultoras de riesgo político.
La oposición, por su parte, ha sido tajante. La vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna, advierte que la reforma busca el control político del INE, reduciendo el Consejo General y proponiendo la elección por voto popular de consejeros y magistrados, una estrategia que, en mi opinión, politizaría aún más un órgano que debe ser técnico e imparcial. El coordinador del PRI, Rubén Moreira, ha calificado el proyecto como una “ley Maduro”, una analogía que resuena con la preocupación de que se busca la desaparición de cualquier oposición real mediante el asfixiamiento financiero y la eliminación de espacios de representación minoritaria.
La propuesta oficialista, aunque defiende la modernización y la austeridad, se centra en:
- Redefinición de cámaras legislativas.
- Reducción drástica de costos del INE y prerrogativas partidistas.
- Representación de la diáspora.
- Ampliación de la democracia participativa.
Sin embargo, la omisión de mecanismos punitivos contra la cooptación delictiva y la centralización de los Institutos Electorales Locales (OPLES) son, a mi juicio, los talones de Aquiles de esta reforma.
¿Cuáles son los escenarios de alto riesgo para la administración de Sheinbaum a medida que se agota el plazo legislativo?
A dos días de la presentación formal, el tablero político es de máxima tensión. La forma en que se resuelva este conflicto definirá no solo el éxito de la iniciativa, sino la solidez de la coalición gobernante de cara a 2027 y 2030.
- Escenario A: Concesiones a los aliados: Morena se vería obligado a retirar los puntos más polémicos para el PT y el PVEM (reducción total de plurinominales y recorte drástico de financiamiento) a cambio de su voto para otros cambios estructurales en el INE. Esto resultaría en una reforma constitucional “intermedia”, salvando la mayoría calificada pero decepcionando a los sectores más radicales de Morena. Mi experiencia sugiere que esta es la vía más probable si se busca evitar una fractura mayor.
- Escenario B: El Plan B (leyes secundarias): Si la resistencia del Verde y el PT es infranqueable para cambios constitucionales, el Ejecutivo podría optar por reformar únicamente las leyes generales (mayoría simple). Esto incidiría en la estructura administrativa y el presupuesto del INE, pero dejaría intacta la figura de los plurinominales a nivel constitucional. Sin embargo, enfrentaría una cascada de impugnaciones ante la Suprema Corte, que ya ha invalidado reformas similares por vicios de procedimiento.
- Escenario C: Fractura y parálisis: En el escenario más extremo, el desacuerdo podría derivar en una ruptura de la alianza parlamentaria. Si la coalición se rompe, la reforma electoral quedaría sepultada, lo que representaría el primer gran revés legislativo de la presidencia de Sheinbaum y obligaría a competir en 2027 con las reglas actuales. Este escenario es de alto riesgo político y podría desestabilizar la gobernabilidad.
- Escenario D: Cooptación de la oposición: Aunque improbable dada la retórica actual, no descarto que Morena intente negociar con facciones de la oposición (Movimiento Ciudadano o elementos del PRI) para alcanzar la mayoría calificada. El costo político sería altísimo, alienando a las bases de Morena que exigen una ruptura total con el “viejo régimen”.
¿Cómo influye la opinión pública en la viabilidad de la reforma en un contexto de fatiga institucional?
Más allá de las negociaciones de cúpula, existe una preocupación creciente por la “fatiga ciudadana” frente a los constantes cambios normativos. Mi análisis de encuestas recientes confirma que más del 70% de la ciudadanía está a favor de reducir los costos electorales y el número de plurinominales. Esta percepción pública es la principal herramienta de presión del gobierno, buscando obligar al PT y al PVEM a ceder bajo la narrativa de que “quien se opone a la reforma se opone a la voluntad popular”.
Sin embargo, la legitimidad de las reglas electorales depende tradicionalmente del consenso. Si la reforma de 2026 nace de una imposición o de una negociación opaca que solo beneficia a las mayorías circunstanciales, se corre el riesgo de que los resultados de 2027 sean cuestionados desde su origen, debilitando la estabilidad institucional del país. En este complejo tablero, cada movimiento cuenta. La cuenta regresiva ha comenzado y, al 22 de febrero de 2026, todas las apuestas están abiertas.
