Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), deslindó responsabilidades sobre contratos polémicos de una empresa vinculada a su exchofer. Atribuyó cualquier irregularidad a excolaboradores, presentándolos como responsables únicos de sus declaraciones patrimoniales, en medio de exhortos a la transparencia.
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La defensa de Taddei: exculpación y promesa de fiscalización
La consejera presidenta Guadalupe Taddei deslindó responsabilidades sobre contratos polémicos del INE, atribuyéndolas a excolaboradores y sus declaraciones patrimoniales individuales.
Después de un silencio de más de 48 horas y un llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ofrecer una explicación pública, Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, refutó cualquier falta. La funcionaria trasladó la responsabilidad sobre posibles irregularidades a sus excolaboradores, quienes, según su exposición, declararon “no” en los apartados sobre participaciones en empresas o conflictos de interés en sus declaraciones patrimoniales. Recalcó que estas son “manifestaciones personales” que cada servidor público presenta “bajo protesta de decir verdad” y de las cuales “asume la responsabilidad legal correspondiente”.
Taddei presentó su mensaje ante la prensa, sin ofrecer espacio para preguntas, flanqueada por un grupo de funcionarios del INE. Solo cuatro de los once consejeros —Arturo Chávez, Norma Irene de la Cruz, Frida Gómez y Blanca Cruz— la acompañaron, un número que refleja una posible división interna ante la tensión estructural que atraviesa su presidencia. La presidenta del instituto agradeció la presencia de estos consejeros por “acomodar su agenda”.
Contradicciones sobre la figura del exchofer y la relación contractual
Jonathan Navarrete Torres, contratado como chofer de presidencia del INE, fue desmentido por Taddei como su conductor personal, pese a su aparición en nómina y como apoderado de una empresa contratista.
Respecto a Jonathan Navarrete Torres, quien fue contratado como chofer de la presidencia del INE en mayo de 2025, Taddei ofreció un mensaje con elementos contradictorios. Aseveró que Navarrete “jamás fue mi chofer”, indicando que el cargo estaba “exactamente adjudicado a presidencia”, y añadió: “nunca ha sido, ni fue, ni será –porque ya no labora aquí– mi chofer”. Esta declaración surge a pesar de que Navarrete figuraba en la nómina del INE a finales de junio de este año como “chofer de la presidencia del consejo”.
La presidenta del INE negó tener preferencias en las contrataciones o incidir en los procesos de licitación. Sin embargo, no abordó directamente los señalamientos sobre los aparentes conflictos de interés que agudizan su gestión. En su lugar, optó por una contención institucional y sugirió la existencia de una campaña política. Argumentó que si una nota “provoca una tendencia a desacreditar o querer desestabilizar” al INE, “ese no es el camino” y que las elecciones “no se ganan intentando debilitar al INE”.
Red de contratos y vínculos en entidades federativas
Corporativo Zeg y Cajas Graf, vinculadas a exfuncionarios del INE, obtuvieron contratos millonarios en institutos electorales de Sonora, Oaxaca y Chihuahua, generando escrutinio político.
El pasado lunes 19, el diario Reforma reveló que Navarrete, quien aparecía en la nómina del INE, es apoderado de Corporativo Zeg, una empresa que recibió contratos millonarios para proveer material electoral al instituto. La misma investigación documentó que Corporativo Zeg, junto con Cajas Graf, tuvo como representante legal a Octavio García González, quien hasta abril pasado fungía como director de Administración del INE.
El reportaje detalló que ambas empresas obtuvieron contratos de los institutos electorales locales de Sonora, Oaxaca y Chihuahua. Estos periodos contractuales coincidieron con las presidencias, en dichos institutos, de Guadalupe Taddei en Sonora; Iliana Aracelí Hernández Gómez, actual directora general de Capacitación Electoral y Educación Cívica en el INE, en Oaxaca; y Claudia Arlett Espino, quien hasta el mes pasado era secretaria ejecutiva del INE, en Chihuahua.
Reacciones políticas y la activación de un “portal de transparencia”
La polémica desató llamados de la Presidenta Sheinbaum, senadores y diputados a la fiscalización del INE, mientras Taddei lanzó un portal ciudadano de transparencia.
La difusión del reportaje disparó una tensión estructural en el ámbito político. Al exhorto de la presidenta Sheinbaum para que el INE esclareciera la situación, se sumaron las voces del diputado morenista Ricardo Monreal Ávila, quien solicitó la intervención del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, y del presidente del Senado, Higinio Martínez, junto a otras figuras de la oposición.
El equipo de comunicación de Taddei, generalmente ágil ante las controversias, permaneció en silencio durante más de 48 horas. Las consejerías del INE no recibieron comunicación alguna de la presidenta sobre los puntos centrales de la nota. La noche previa al mensaje, el INE convocó a los medios, disparando especulaciones sobre una posible renuncia de Taddei.
De manera anticlimática, en contraste con las expectativas, Taddei inició su mensaje presentando un “portal de transparencia ciudadana”. Este micrositio, diseñado para revisar las contrataciones del organismo, promete brindar a la ciudadanía “todas las herramientas para saber cómo se utilizan los recursos públicos”, lo que la presidenta catalogó como el inicio de una “nueva etapa de transparencia”.
Tras la presentación de la plataforma, Taddei retomó el tema principal, señalando que las personas mencionadas en las notas “no forman parte del personal del instituto” en la actualidad, aunque “sí formaron en su momento”. Insistió en la existencia de documentación presentada por ellos, cuya responsabilidad es “individual”. La consejera presidenta exhibió las declaraciones patrimoniales de Navarrete y Octavio García, donde ambos indicaron “no” en los apartados de participación en empresas. “Esto es lo que declararon y esto es lo que obra en los expedientes del instituto”, afirmó, aunque recalcó que “no nos corresponde convertir esta manifestación en una conclusión anticipada”.
La presidenta del INE prometió su “plena colaboración con las autoridades competentes”, incluyendo el OIC y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para revisar “las condiciones en que se llevan a cabo los procesos de licitación”. Añadió que “los antecedentes se han canalizado al OIC, que es la autoridad competente para revisar lo que corresponda”, y que si hubiera “datos omitidos o falsedad en alguna declaración”, será esa autoridad la que determine o proceda conforme a la ley. La institución ha sido instada a mantener la “tranquilidad” y la “firmeza” ante estos acontecimientos.
