César Muñoz | R360
En agosto de 2017, Carlos Joaquín y su equipo dieron un fuerte impulso para transparentar los recursos públicos invertidos en medios de comunicación. Para ello, crearon el sitio de “Transparencia en Publicidad Oficial” (TPO), el cual reportaría trimestralmente lo invertido en las diferentes campañas oficiales del Gobierno del Estado. Tres años después la transparencia quedó en el olvido.
En 2020, el sitio no ha sido actualizado, dos trimestres han pasado, y hasta ahora el ciudadano común no pude saber en qué se ha invertido ni cómo, porque a pesar de la pandemia, los pagos a medios, periodistas “independientes” y “columnistas”, continúan fluyendo, pese a que hubo un ligero ajuste a los contratos millonarios por los efectos de la pandemia del Covid-19.
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El 1 de agosto de 2017, la administración de Carlos Joaquín firmó un convenio con el entonces Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y Fundar para implementar el TPO. El 11 de agosto, se hizo la presentación pública de la herramienta. Con ello, se pensó que se daría fin a la opacidad y a la discrecionalidad en la asignación del presupuesto en medios.
Con esta acción, el Gobierno del Cambio quiso marcar su distancia de Roberto Borge Angulo, cuya administración, en 2015, gastó en publicidad oficial mil 149 millones de pesos. En sus cinco años de gobierno, siempre hubo sobreejercicio, lo cual también sucedió con el régimen de Carlos Joaquín.
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En 2019, el gasto presupuestado para medios fue de 99.27 millones de pesos, pero cerró en 157.55 millones de pesos, es decir, hubo un sobreejercicio, como en los tiempos de Roberto Borge.
En 2020, ya no hay más información disponible, el TPO se quedó desierto en información y el Gobierno del Cambio, pasó a formar parte de nueva cuenta de la legión de administraciones estatales que se ocultan en la opacidad.
La pandemia es la excusa; las prioridades se reorientaron al sector Salud.
La única forma que la ciudadanía tiene para poder conocer lo que la administración joaquinista gasta en medios, es mediante solicitudes a Transparencia, que en la mayor de las veces dilata la entrega de información, o la reserva bajo la Ley de Datos Personales o de seguridad.
Un gobierno con un déspota al frente ejerce de forma absoluta y arbitraria el poder. Acalla la crítica recurriendo a la amenaza y la persecución y compra la conciencia de los medios. La libertad de expresión solo es un discurso.
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Un déspota pasa por encima del poder Legislativo, y se extralimita en sus funciones. Un arma eficaz, sin duda, es el imperio de la ley. La ciudadanía debe exigir un gobierno transparente.