César Muñoz | R360
En la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro), la resistencia a transparentar información relacionada con la compra y blindaje de un vehículo, con recursos públicos, es un común denominador en los organismos públicos descentralizados de la administración pública estatal, y oculta los gastos superfluos realizados por el Gobierno del Estado.
El año pasado, durante la comparecencia que tuvo el titular de la Agepro, Eduardo de Jesús Ortiz Jasso, con diputados locales, hubo un ligero cuestionamiento con una camioneta blindada usada por el personaje en cuestión. Y hasta ahí hubiera quedado, hasta que R360 presentó una solicitud, vía Transparencia.
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En el escrito, se solicitó a una copia de la factura del vehículo que adquirió la Agepro en 2018 o 2019, que incluyera copia del blindaje. También se solicitó informar a quién se le había asignado la unidad y para qué es utilizada.
A través de Transparencia, la Agepro respondió que la información es de carácter reservada, invocando el Artículo 134, Fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo: “Ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física”.
Eso sí, informó que la unidad está asignada a la Coordinación General de Patrimonio, para uso oficial en tareas de supervisión, resguardo y vigilancia de los bienes inmuebles del Estado, en coordinación y apego a los acuerdos con la Secretaría de Seguridad Pública y Zona Naval.
¿Realiza la Agepro tareas que ponen en riesgo la vida de Ortiz Jasso? Se trata más bien de un exceso, un gasto que no tiene sentido, pero que se ha hecho con recursos públicos no dados a conocer públicamente.
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El recorrido del Avión Presidencial que hizo ayer el Gobierno de México a medios de comunicación, es una constancia de la opulencia y el despilfarro que los funcionarios públicos realizan con el dinero público. Comprar una camioneta del año y habilitarla con blindaje, con un costo para el erario, para una dependencia que no está relacionada con la Seguridad Pública, es un exceso equiparable con el avión.
La inseguridad que siente Ortiz Jasso tiene que ver más bien con su pasado. Ya se había confrontado con personajes poderosos de medios, que están involucrados en la industria de la construcción en Quintana Roo, cuando dirigía el IMPLAN en el municipio de Benito Juárez.
En ese instituto a su cargo, realizó estudios de factibilidad de uso de suelo, sin tener la facultad para hacerlos, pues una modificación al Reglamento de Construcción le había quitado esa autoridad, según dio a conocer en su momento una comisión investigadora del IMPLAN, en el municipio de Benito Juárez.
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El blindaje entonces de un vehículo no corresponde a las funciones del titular de la Agepro, sino es la consecuencia de su pasado como funcionario en el municipio de Benito Juárez, un exceso que sin embargo se paga con el dinero de los quintanarroenses.
