“Advertimos que si bien se modifica el nombre de las “constancias” (inconstitucionales de acuerdo con la acción 471-2023 de la SCJN) para llamarles “dictámenes”, pero subsiste la vulneración de la autonomía municipal” expuso el diputado Hugo Alday Nieto del Partido del Trabajo (PT), al exponer en tribuna su posicionamiento en contra de las reformas a diversas leyes, entre ellas, la de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, misma que fue “bateada” por la SCJN al calificarla de inconstitucional al violar el artículo 115 sobre el municipio libre.
Hugo Alday dio lectura a una parte de la sentencia judicial federal: “El Tribunal pleno observa que la emisión de la Constancia de Congruencia Urbanística estatal implica un acto unilateral del Poder Ejecutivo local, que si bien tiene por finalidad verificar la congruencia de las acciones urbanísticas, lo cierto es que termina por condicionar las autorizaciones sobre uso de suelo y licencias de construcción que previamente emitió un municipio con base en el escrutinio que efectuó la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable de la entidad federativa”.
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Diputados del PT y MC rechazan reformas pese a dictamen de la SCJN
Continúa: “El procedimiento para realizar alguna acción urbanística comienza con la solicitud de autorización que el particular haga al municipio, el cual actúa con base en su competencia reconocida en el artículo 115 de la Constitución General de la República. Una vez obtenida la autorización, el solicitante debe tramitar y obtener, a través de la Sedetus, la Constancia de Congruencia Urbanística —hoy ‘Dictamen’—.
Si las autorizaciones municipales resultan contrarias a esta Constancia, no podrán inscribirse en el Registro Público de la Propiedad según lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Acciones Urbanísticas de Quintana Roo, impidiendo la ejecución de la obra o acción urbanística correspondiente”.
Y sigue: “Así, según la normatividad aplicable, la obtención de la ‘Constancia de Congruencia Urbanística’ estatal, ahora ‘Dictamen’, se estableció como requisito necesario para que las personas realicen acciones urbanísticas, constituyendo una autorización que coloca al estado por encima del municipio, lo cual mantiene la inconstitucionalidad de la ley”.
Ante esto, el legislador petista, quien votó en contra de la reforma, propuso realizar reuniones con los operadores de la norma, así como en tes particulares como la Canadevi y colegios de ingenieros y arquitectos y algunos desarrolladores, con el fin de no caer nuevamente en una inconstitucionalidad “que en esencia se sigue manteniendo”.
Legislatura ignora fallo de la SCJN sobre autonomía municipal en Quintana Roo
Por su parte, el diputado José Luis Pech Várguez, de Movimiento Ciudadano (MC) coincidió en que esta reforma no atendió una corrección real de la invalidez dictada por la inconstitucionalidad de la SCJN y que al ser promovida por el municipio panista de Playa del Carmen, encabezado por Lilí Campos, ahora ningún municipio se atreverá a presentar la acción de inconstitucionalidad ya que todos son morenistas.
Esta reforma apoyada por los panistas Reyna Tamayo y Ángel Álvarez Cervera a pesar de que el municipio de Playa del Carmen, era entonces gobernado por el PAN.
Con esta acción la hegemonía morenista-panista-petista confía en que ahora ningún municipio impugnará ante la SCJN y en caso de que suceda, será la nueva Corte de los “acordeones” la que dictamine que esta reforma ahora sí es constitucional. Usted tiene la última palabra.
