La muerte de un detenido en las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva (PEP), puso en evidencia una vez más las deficiencias en los protocolos de actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
La falta de capacitación de los cuerpos de seguridad es un tema añejo. Todos los titulares de la SSC han pretextado el abandono y la desatención por la administración que les precedió.
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La realidad es que la mayoría no recibe ningún tipo de adiestramiento teórico o práctico. No saben como actuar ante una situación complicada y algunos ni siquiera durante una detención, como ya quedó evidenciado.
Varios policías han sido cuestionados sobre la capacitación y aseguran que están igual o peor. Pero además hay otros factores que perjudican su desempeño.
De acuerdo con el último Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Quintana Roo hay dos mil 627 elementos estatales, pero solo mil 326 están certificados o aprobados en los exámenes de control y confianza. Es decir, el 50 por ciento.
Hay policías que tienen años de no practicar técnicas de sometimiento o detención; llevan años sin disparar y menos practicar en campos de tiro con arma, pese a que la portan; y en la única ocasión que tienen contacto con un psicólogo es en el polígrafo (declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia) durante sus exámenes de control y confianza, pese a que todos los días viven en un esquema de presión por su rutina diaria.
Trabajan 24 por 24 (un día de trabajo por uno de descanso) en su mayoría, principalmente los cerca de mil 700 elementos operativos. El que en teoría sean los mejores pagados en el país, no los hace mejores policías y tampoco significa que su sueldo sea digno o el que deben devengar por el desempeño de su labor.
En la generalidad desconocen las reglas y normas de actuación establecidas en la legislación vigente.
No todos aguantan la presión a las que son sometidos, por lo que muchos antes de cometer alguna falla o prestarse para la corrupción prefieren salir de las filas de la SSC. El censo del Inegi establece que en el 2024 un total de 161 agentes de seguridad renunciaron.
Los cursos de acuerdo con policías contactados son más para comprobación de gastos que para profesionalizar a los cuerpos de seguridad, por eso se siguen cometiendo errores, pues agentes periódicamente están envueltos en escándalos por su actuación y en muchas ocasiones los casos no salen a la luz pública.
Para los policías la imposición de Julio César Gómez Torres al frente de la SSC no ha propiciado una mejora al interior de la institución, en términos del personal.
Sin demeritar la responsabilidad de los dos policías detenidos por la muerte de uno de los dos jóvenes aprehendidos en la comunidad de Sacxán, este tipo de errores son asociados a la fata de criterio en el proceder de los elementos del orden, lo cual se forja con la capacitación teórica y práctica.
También hay que decir, que los dos policías detenidos no estaban solos ya que había más elementos al momento de la detención, por lo que también deben ser investigados y detenidos. En términos jurídicos puede configurarse la complicidad.
El joven de 24 años que falleció para la SSC es un objetivo prioritario, pues además se argumentó que le fueron encontrados dos armas, entre ellas una réplica, y varias dosis de droga. Versión que se contrapone a los pobladores de Sacxán, quienes los consideran inocentes.
Pero aun fuera cierto su presunta vinculación a la delincuencia, no justifica de ninguna manera su muerte.
La quema de la patrulla en las propias instalaciones de la PEP es otro elemento que pone en evidencia la falta de preparación para actuar ante un grupo de manifestantes. La tardía intervención del comisionado interino de la PEP, Fernando Viveros Hernández, y la nula presencia o pronunciamiento de Gómez Torres, empeoran la situación.
Payo Obispo
Los pobladores no solo quemaron una patrulla en señal de protesta, sino que la delegada de la comunidad de Sacxán, Alma García Hernández, confirmó que los elementos que se encontraban en la caseta policial fueron corridos, bajo el argumento de que son inoperantes y lejos de garantizar la seguridad ponen en riesgo a las familias. Ahora el inmueble será utilizado para impartir cursos de capacitación o para cualquier otra necesidad de los pobladores.
