Las teorías de Charles Louis de Secondant, mejor conocido como el barón de Monstequieu, sobre la libertad política, la división de poderes o la distribución social del poder en un Estado, se han mantenido imprescriptibles en el Constitucionalismo mexicano, pero sin temor a equivocarme, creo que esta solidez que caracterizó a nuestra Carta Magna en 1917, hoy se encuentra en riesgo ante el simplismo lógico-jurídico de los poderes legislativos emanados de las alianzas.
El debate de una nueva Constitución planteado por diversos personajes pone sobre la mesa varios principios constitucionales obtenidos a través de la revolución y de otros más, que se han obtenido con largas luchas sociales, obreras, de género y religiosas.
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Si tomamos en cuenta que un solo tema como el de la despenalización del aborto no ha podido ser consensado entre las distintas fuerzas liberales y conservadoras de México, estoy seguro de que poner a discusión todos los temas en una nueva constitución paralizaría económica y políticamente a nuestro país.
Hoy en día, el debate de los interesados en crear una nueva Constitución, en el sentido, “del deber”, perdiendo de vista que el deber requiere circunscribir las decisiones y las acciones del poder a un marco legal regulatorio, que establece la distinción entre lo posible y lo permitido para los representantes.
Legisladores, sin facultades para una nueva Constitución
En este sentido, los legisladores que pugnan por una nueva Constitución no están considerando que no tienen facultades para ello, dado que el marco normativo no les considera esa facultad expresa y de pretender erguirse como poder constituyente no podrían ser ellos lo que apliquen esa Carta Magna; es decir, los constituyentes deben disolverse dado que no pueden implantarse como parlamento porque las creaciones siempre estarán sujetas a su creador y hará inaplicable ese marco constitucional.
Nuestro problema hoy se centra con los legisladores, pues si consideramos al sistema de distribución social de Montesquieu, éste se refería a la distribución del poder Legislativo en cámaras, como garantes de la distribución jurídica para impedir que el Ejecutivo desconozca la voluntad de la nación expresada en leyes, con representación de lores y comunes, para evitar que se represente únicamente a un solo sector.
Hoy se encuentran representados todos los sectores en razón de género y de minorías en el Congreso en México, sin embargo, el común denominador es la falta de conocimiento del marco constitucional de su actuación jurídica y política.
Esta ausencia de contrapesos en el poder Legislativo, pone en riesgo la supervivencia constitucional del Estado, ya que desde su origen, la conformación de las cámaras se encuentra viciada, dado que las coaliciones políticas sirven en todo caso, de manera excluyente para acceder al poder, sin embargo, para ejercerlo no son eficaces en la mayoría de los casos debido a la incompatibilidad ideológica y de dogmas internos. Veremos quien gana en esta pugna entre la política y el derecho en la que todos podemos resultar perdedores.
Sobre el autor
Hugo Alday Nieto es abogado con mención honorífica por la Universidad del Pedregal. Tiene el grado de maestro en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac del Mayab, así como de Máster Universitario de Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Sociedad de la Información, por la Universidad de Alicante, España.
