César Muñoz | R360
Al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, no le cayó bien la balconeada que le dio a él y a los mandatarios estatales, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Durazo Montaño, al exhibirlos por su falta de interés al ausentarse en las Mesas de Seguridad que se realizan casi a diario, y que sirven para coordinar los esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno, para tratar de reducir los altos índices delictivos, con inteligencia.
Ciertamente, el malestar del gobernador de Quintana Roo no sólo fue por la equivocación de Durazo Montaño, al citarlo como uno de los gobernadores que más ha faltado a las Mesas de Seguridad, sino porque desbarata la narrativa joaquinista de que los altos índices delincuenciales en el estado son mayormente de competencia federal.
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Las cifras presentadas por Durazo Montaño se basaron en los delitos del fuero común, que son competencia de los gobiernos estatales y municipales, y en los que Quintana Roo encabeza rubros como el robo a vehículos, en un comparativo de enero a noviembre de 2018 con igual periodo, pero de 2019. En otro tipo de delitos del fuero común, Quintana Roo está en los primeros lugares o arriba del promedio con relación a otros estados.
Por supuesto que este balconeo causó incomodidad, más porque en el discurso, el Presidente de México le había dado un espaldarazo a Carlos Joaquín como uno de los mandatarios estatales que estaba haciendo las cosas bien en Quintana Roo, pero en la realidad de los números resultó que no.
Durazo Montaño, sin proponérselo, dijo en la conferencia de prensa del pasado martes 17 de diciembre, que el gobernador de Quintana Roo estaba entre los más ausentes en las Mesas de Seguridad, al confundirse con la presentación en Power Point, pues lo que mostraba la lámina de la “asistencia del gobernador y el gabinete”, es que Quintana Roo está en octavo lugar como la entidad con menos asistencias, pero debido a la inasistencia de su gabinete que representa a Carlos Joaquín, no a la presencia del mandatario quintanarroense. Una lámina posterior, situaba en el lugar 12 de 32, en asistencias, al jefe del Ejecutivo estatal.
Desde la Coordinación de Asesores del gobierno estatal, se apuraron a enviar esa lámina a los medios de comunicación con convenio para pedir ayuda para el jefe en desgracia, y desde la Coordinación General de Comunicación, se operó el discurso que salió a dar el gobernador, con error de cálculo. A una radiodifusora, Carlos Joaquín le dijo que ha asistido a las Mesas de Seguridad en un 98 por ciento.
Las reuniones de las Mesas de Seguridad iniciaron el 2 de diciembre de 2018, y el reporte de asistencias de los gobernadores partió de esa fecha y hasta el 10 de diciembre de 2019. El informe presentado por Durazo Montaño precisa que para la contabilidad de las mesas se tomaron sólo días hábiles, de lunes a viernes, con 263 en total (algunos mandatarios y entidades mostraron un número superior, pero debido a que asistieron a mesas convocadas en sábados y domingos). Carlos Joaquín asistió a 55 mesas y su gabinete, en este caso el secretario de Gobierno, Jorge Arturo Contreras Castillo o el titular de Seguridad Pública estatal, Alberto Capella Ibarra, a 103. Estas asistencias suman 158, lejos de las 263, que representa un 60 por ciento.
Si tomamos el comparativo de asistencias solo del gobernador, que en el caso de Carlos Joaquín, son 55, de 263 sesiones, el 98 por ciento que argumenta el mandatario no da y en cambio el informe federal lo sitúa con un 21 por ciento de asistencias.
El desastre no acabó con la entrevista radiofónica. Ese día, un boletín de prensa enviado desde la Coordinación General de Comunicación del gobierno de Quintana Roo, posterior a la presentación de Durazo Montaño, trató de maquillar la realidad: “A nivel nacional, Carlos Joaquín ha asistido a la totalidad de las reuniones, inclusive desde antes que la actual administración inicie, con el fin de conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la protección de la gente”, pero los números dicen otra cosa.
En el fondo, aunque el gobernador intentó esquivar el golpe federal, al señalar que tal vez existía una falta de conocimiento hacia Quintana Roo y la estrategia de seguridad de su gestión, lo cierto es que los números, que envían sus dependencias al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, demuestran que ha fallado. Alberto Capella Ibarra ha sido el mayor error en su administración. La “estrategia” del Mando Único no ha dado resultados.
Pero no sólo Capella ha contribuido al caos en seguridad. En materia de procuración de Justicia, el Fiscal General del Estado, Óscar Montes de Oca Rosales, propuesto por el gobernador, tampoco ha funcionado. El informe federal ubica a este funcionario en el lugar 27 de 32 fiscales, en asistencias a las Mesas de Seguridad.
Las cuentas del gobernador en materia de seguridad, que incluso en su Tercer Informe reconoció que no han sido suficientes, deberían centrarse en la revisión a fondo de la estrategia. Nadie que esté en su sano juicio le desea mal a su gobierno, pero no son con discursos, menos con maquillaje de la realidad, como van a cambiar las cosas.
El ciudadano de a pie es la víctima constante de la delincuencia. La extorsión, el asalto a mano armada, el secuestro, por mencionar algunos delitos, no van a reducirse con palabras. Y las acciones para enfrentar esta realidad no se ven; las estadísticas siguen subiendo.
Ya es tiempo de que en el equipo que eligió el gobernador haya cambios, pues al final de todo lo que importan son los resultados visibles para convencer a una sociedad que está decepcionada del Gobierno del Cambio a más de tres años de administración.
