César Muñoz | R360
Después de un desayuno en Chetumal, en junio pasado, desde la Coordinación General de Comunicación se emitió un boletín de prensa, en el que presumía una frase del gobernador Carlos Joaquín: Quintana Roo como promotor de la libertad de expresión. A cuatro meses de ese hecho, la organización Article 19 da a conocer su informe, y sus resultados no sólo ponen en duda esa afirmación, pues Quintana Roo es el estado que más agresiones presentó en el primer semestre de 2019, contra periodistas, a nivel nacional, sino que advierte que la entidad se convertirá en una zona silenciada para la libertad de expresión. Hay ataques que ese informe no presenta, una especie de “datos negros”, que de igual forma conducen a ese silencio.
Los mensajes entre el gobernante en turno, así como del vocero en turno, con los directores editoriales o dueños de empresas de medios, son una práctica común. El intercambio de dichos mensajes va desde los saludos cordiales e invitaciones a eventos, pero también va desde la queja de las esferas del gobierno por la publicación de información incómoda, que más de las veces califican de errónea o sesgada, así como quejarse del trabajo de determinados reporteros por cuestionamientos que no gustan.
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Cada empresa, condicionada por el convenio de publicidad con el gobierno, toma acciones, que van desde el retiro de un reportero de una determinada fuente hasta su despido; de la suspensión a jefes de área hasta la pérdida de su trabajo. La crítica, que favorece la libertad de expresión en una democracia, generalmente es el motivo que puede cambiar la vida laboral de un periodista en las empresas de comunicación. Los despidos, aunque se ventilan en la Juntas de Conciliación y Arbitraje (ahora Tribunales Laborales, con la nueva reforma laboral), no son vistos como agresión por parte del periodista, o si se ve, prefiere no quejarse, porque de lo contrario eso significa cerrar las posibilidades de obtener trabajo en empresas de comunicación.
A pesar de que en el discurso el gobernador señala estar convencido de que acepta la crítica con amplio marco de respeto, sin represalias, los mensajes desde el celular dicen otra cosa, desafortunadamente malinformado por aquellos que deben apoyarlo.
Otra estadística negra, que no se reporta como agresión, es con las pocas empresas que subsisten sin ingresos oficiales. Basadas en diferentes modelos de negocios, realizan una labor crítica, con investigaciones bien documentadas, sobre distintos hechos, que tocan fibras sensibles relacionadas con los distintos niveles de gobierno.
Los ingresos de estas empresas independientes tienen como base clientes de la iniciativa privada, algunos de los cuales han llegado a cancelar contratos por presión oficial. Los tentáculos gubernamentales son grandes y amplios.
El informe de Article 19 señala que los agresores de la prensa en el primer semestre de 2019 fueron perpetrados principalmente por funcionarios públicos y particulares, los primeros incluso por arriba de grupos del crimen organizado. Los “datos negros” no sólo confirman al principal agresor, sino que podrían ampliar mucho más la estadística.
El Gobierno del Cambio generó muchas expectativas, sobre todo para la libertad de expresión, pero después de tres años de gobierno, queda en deuda con los trabajadores de los medios y con sus gobernados. El avance para transparentar la inversión estatal en medios, sin duda, es de reconocerse, pero queda a deber porque los criterios para la asignación de esos recursos siguen teniendo un sesgo personal y político –y hasta secreto-, que contraviene los derechos de las audiencias.
El Estado debe generar las condiciones para la libertad de expresión y hacer uso de los recursos legales como el derecho de réplica ante inconformidades que tenga sobre determinada información, y dejar que con base en los argumentos legales, las empresas decidan qué acción tomar sobre sus periodistas, pero ¿cuántos derechos de réplica se conoce que hayan sido generados desde la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado o desde el área jurídica del gobierno estatal?