La política siempre ha tratado de inmiscuirse de forma sigilosa dentro de la filosofía jurídica, sin que ésta, se haya rebajado jamás al nivel de aquella, puesto que, para que un proyecto político pueda materializarse en la conformación de un Estado-Nación, requiere formalmente de tres elementos que son población, territorio y gobierno, mismos que a su vez encuentran su forma de coexistir a partir de normas jurídicas.
Sin embargo, en ocasiones, cuando las personas que conforman ese gobierno tratan de interpretar el estado de derecho a su conveniencia para difundir el clásico argumento de la injusticia, en donde todo es injusto y solo el representante puede salvar a la población que conforma ese Estado-Nación, comienzan a aparecer los monstruos del más retrógrado ius naturalismo dispuesto a apoderarse de las circunstancias.
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Y en efecto, cuando se pierde el control de la linea discursiva en el exceso en el uso del argumento de la injustica, en el que las normas que son injustas no deben de gozar de validez jurídica por el solo hecho de que el representante del gobierno las considera injustas (Lex injusta non est Lex) y propaga esa teoría entre los gobernados como una verdad que no admite prueba en contrario, el estado de derecho, encargado de velar por la cohesión de los tres elementos de un Estado-Nación, comienza a desfallecer.
Esto es lo que sucede hoy en día, ya que como si de tratara del renacimiento del derecho moral post-nazi, que, bajo la denominación de contradicción performativa impulsada por Jürgen Habermas y retomada por Robert Alexy en el año 2000, han conseguido que en pleno 2025 en México, se dé el renacimiento de estas figuras de la filosofía del derecho más moralista que hayamos observado desde la revolución mexicana y bajo un régimen que se dice emanado de la izquierda y progresista.
Nada más alejado de una izquierda liberal y progresista puede ser el impulso desde el poder político del argumento de la injusticia para justificar la inaplicabilidad del derecho positivo vigente emanado de procesos democráticos impulsados desde los gobernados. No hay nada más atroz y antidemocrático que romper desde el trono, las estructuras del estado de derecho.
Un claro ejemplo de las consecuencias de la inobservancia del derecho que se considera injusto, es la reciente sentencia que faculta a los jueces federales a inaplicar la constitución mexicana para privilegiar los tratados internacionales en materia de prisión preventiva oficiosa, un tema lamentable. Pero es más preocupante aún, que las fuerzas armadas con todo lo que representan, decidan construir una obra en una laguna como Bacalar, con todo lo que ecológicamente representa para Quintana Roo y para México, y tengan la soberbia de desatender suspensiones emanadas de sentencias interlocutorias en juicios de amparo debidamente sustentados en la Constitución Mexicana, porque consideran que es un derecho injusto.
No nos queda duda que, la crisis del estado de derecho en México esta pasando uno de sus peores momentos previo a la elección de personas juzgadoras que se dará el próximo 1de junio, y que probablemente, si las personas que sean electas no dominan en su totalidad las diversas teorías de argumentación jurídica para buscar un cambio de rumbo en el que nuevamente se empodere el Poder Judicial como lo que es: el garante de la observancia de nuestra Constitución. Poco habrá para rescatar del estado de derecho provocando el desmoronamiento del Estado-Nación que hemos querido construir desde el constituyente de 1824.
