El pasado 4 de julio de 2025, cientos de ciudadanos se congregaron en el Parque México, en la alcaldía Cuauhtémoc, para participar en la primera marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México.
Esta movilización, convocada por vecinos de colonias como Roma, Condesa, Doctores y Obrera, buscó visibilizar un fenómeno urbano que ha transformado radicalmente el tejido social y económico de estas zonas, en las que se cambió hace años el uso de suelo y ha pasado a transformarse en una importante área comercial y de restaurantes dando empleo a miles de citadinos.
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La gentrificación, entendida como el proceso de transformación de barrios populares por la llegada de residentes con mayor poder adquisitivo, ha generado un aumento desmedido en los precios de renta y servicios. Esto ha provocado el desplazamiento de habitantes históricos, quienes ya no pueden costear vivir en sus propias comunidades, dicho fenómeno no es propio de la Ciudad de México, sino que se vive en todo el mundo.
Durante la marcha, se denunciaron prácticas inmobiliarias que priorizan el alquiler a extranjeros con ingresos en dólares, así como el papel de plataformas como Airbnb en la dolarización del mercado habitacional, como si se tratase de algo ajeno a nuestro planeta y a nuestro país, en un intento de grupos políticos radicales por imponer una doctrina Monroe a la mexicana, en donde La Condesa solo sea para los nacidos en La Condesa, sin pensar en los empleos y la derrama económica que estos espacios generan para el funcionamiento y el mantenimiento de la ciudad para mantener bajos costos en los impuestos.
Las consignas como “¡Fuera gringos!” y “Aquí se habla español” reflejaron el enojo de los manifestantes ante lo que perciben como una pérdida de identidad cultural y una exclusión económica, como si la Ciudad de México pudiera separarse de la globalización, en un absurdo y violento escenario, repito, organizado con fines políticos de grupos radicales.
Gentrificación en CDMX desata protestas
En la protesta se registraron actos de vandalismo contra comercios, tensiones con turistas, y críticas hacia figuras públicas como el influencer Luisito Comunica, acusado de promover la gentrificación, y muchas cosas lamentables de las autoridades que fuimos testigos en los medios de comunicación, y que en la práctica jurídica se tipifican como delitos.
El gobierno capitalino respondió señalando que la lucha contra la gentrificación no debe convertirse en una excusa para promover discursos de odio o prácticas discriminatorias. Esta postura refleja el complejo equilibrio entre el derecho a la ciudad y la necesidad de evitar xenofobia.
En suma, la marcha del 4 de julio no solo evidenció el malestar social frente a la gentrificación, sino que abrió un debate urgente sobre el futuro de la vivienda, la identidad barrial y las políticas públicas en la capital mexicana. ¿Puede una ciudad crecer sin afectar a terceros? ¿Debe Clara Brugada actuar penalmente contra los responsables activos de los delitos cometidos a la brevedad? ¿Afecta esto la inversión en una ciudad ávida de ella para poder seguir brindando apoyos a los más necesitados?
Esas son las preguntas que quedan resonando después de la tormenta. Porque si no pasa nada, la ciudad seguirá devorándose a si misma, y las marchas seguirán como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.
