Otra vez el diputado del Partido del Trabajo, Roberto Erales Jiménez, se lanzó contra el actuar del Gobierno del Estado en cuanto a la transparencia, en este caso, cuestionó al secretario de la Contraloría (Secoes), Rafael Antonio del Pozo Dergal, por las más de 700 denuncias presentadas por actos de corrupción de la pasada administración, pues solo unas cuantas han sido efectivas.
Fue en el marco de la Glosa del IV Informe de Gobierno ante la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, en la que diputadas y diputados hicieron cuestionamientos en torno a los resultados de la política de combate a la corrupción de la actual administración gubernamental.
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Rafael del Pozo Dergal llamó “inquietudes” a los cuestionamientos, aunque se avanza no se ha llegado adonde se quiere llegar en materia de transparencia: “la Secretaría de la Contraloría no consigna expediente”; cierto, pero sí los integra y cualquier leguleyo sabe que de la integración de un expediente depende la efectividad del mismo, quizá por eso se pierden los casos.
Como todos, le echó la viga a la Federación, pues justifica que la Contraloría no tiene facultad para acceder a la Comisión Nacional Bancaria (CNB) como lo tiene la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): “hemos hecho todos los esfuerzos necesarios, no hemos escatimado ninguna acción… lo que no haga también será mi responsabilidad, porque las omisiones también son responsabilidad”.
En cuanto al actuar de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en las obras que realiza en Chetumal, justificó que la revisión incluye que la dependencia genere una base de datos; las etapas que no se terminan se hace un proyecto, pero depende del presupuesto, de la disponibilidad de asignación de los recursos para solucionar los problemas de inundación; otra vez dijo que los recortes presupuestales de la Federación afectan al Estado.
Al ser cuestionado sobre los recursos que el estado destina para atender la pandemia del Covid-19, dijo que todo se está transparentando y que no se dejará de hacerlo hasta que no pase la emergencia, o sea, la ciudadanía tiene que esperar hasta el año próximo para saber cuánto se ha invertido en el tema de salud.
Sobre el caso de la Oficialía Mayor, consideró que ésta no ha desaparecido, sino que se encuentra en un proceso de revisión para determinar su situación, pues el acuerdo del Ejecutivo está dentro de sus facultades legales, ordenó una revisión de la Oficialía Mayor a la Secretaría de Finanzas y Planeación; no es cierto que haya desaparecido, cuando se rinda el informe, el Gobernador tomará la decisión que considere conveniente.
Otro tema del que no ha dado cuenta la Contraloría es el cambio en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) el 8 de enero de 2018, con la salida de Juan Melquiades Vergara Fernández y la llegada de Yohanet Torres Muñoz. Fue el diputado Hernán Villatoro Barrios quien preguntó si se llevó a cabo una auditoría integral en el cambio del titular de la Sefiplan, a lo que el funcionario estatal respondió que el proceso de responsabilidad administrativa no concluye con el término del cargo, ya que se hacen las observaciones correspondientes y se sigue su proceso.
Con una plantilla de 307 empleados, 270 de base y 37 de confianza, la Contraloría le queda a deber a los quintanarroenses, no solo en la revisión de la poca obra pública del Gobierno del Estado, como dice el diputado Alberto Batún Chulim, sino porque parece que las acusaciones contra ex funcionarios se les cae, no solo por la poca capacidad que tiene para integrar expedientes, sino por ser permisiva en gastos superfluos del presupuesto público. Aprobados en el discurso, reprobados en los hechos.
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Las y los presidentes municipales actuales y que se pueden reelegir, no deben de preocuparse por pedir licencia, pues se aplicará el mismo criterio legal del proceso electoral 2018, o sea que pueden estar en funciones y en su tiempo libre hacer campaña.
Al menos así lo dio a conocer el diputado Gustavo Miranda García, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la XVI Legislatura, pues no se reformó la Ley de Procedimientos Electorales, no hubo en tiempo suficiente para hacer las modificaciones al documento.
Eso sí, aclara el legislador: “hay que ser muy claros en el tema de las presidencias municipales, ya que, si se quieren reelegir o se mantienen ocupando esta responsabilidad, se debe ser más específico en los horarios y las actividades que tiene un edil y los horarios y actividades que tiene un candidato”.
Las y los presidentes municipales que podrían reelegirse en el cargo son:
- Nivardo Mena Villanueva, de Lázaro Cárdenas
- Mara Lezama Espinosa, de Benito Juárez
- Laura Beristain Navarrete, de Solidaridad
- Pedro Joaquín Delbouis, de Cozumel
- Víctor Mas Tah, de Tulum
- José Esquivel Vargas, de Felipe Carrillo Puerto
- Sofía Alcocer Alcocer, de José María Morelos
- Othoniel Segovia Martínez
Esta lista, lógicamente si su partido o coalición les da una segunda oportunidad y luego pasar el tamiz del electorado.
