Hace unas horas nuevamente el Congreso del Estado de Durango, regresó a comisiones la iniciativa para validar el matrimonio igualitario en esa entidad, es decir, para dar validez desde la legislación civil para que personas del mismo sexo puedan contraer legalmente matrimonio.
El asunto es absurdo en tratándose de una cuestión que ha sido resuelta y aclarada no solamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha manifestado al respecto durante años.
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En México, la reforma constitucional de 2011 recoge el principio de igualdad y no discriminación, entendiendo que la discriminación por raza, color, sexo, idioma, religión opinión política, orientación sexual, origen étnico, nacional o social, se encuentran protegidas desde los tratados internacionales y por obvias razones, deben ser observadas por todas, en efecto, todas las autoridades de los tres niveles de gobierno.
En este sentido, dicha discriminación puede ser directa o indirecta y en este caso, al mantenerse una norma civil que excluye a las personas del mismo sexo para contraer matrimonio, es sin duda una discriminación directa sobre ese grupo de ciudadanos y por ende, rompe con el principio de igualdad y no discriminación que se recoge en la Constitución General de la República.
Es lamentable que a 11 años de la reforma constitucional que recoge esos derechos humanos y los encausa de forma obligatoria para todos los servidores públicos, tengamos ejemplos como el de Durango, que se resiste a la progresividad manteniéndose en el oscurantismo del pasado.
En las próximas semanas, Quintana Roo cambiará de administración y con ello, la #4taTransformación tendrá en sus manos la gran oportunidad de hacer de nuestro estado y de su marco normativo, un conjunto moderno, progresista y respetuoso de los derechos humanos de todas, de absolutamente todas las personas, para no seguir como dice Joaquin Sabina, “como siguen las cosas que no tienen mucho sentido”.
