En Quintana Roo la última vez que se tocó el tema de las diputaciones plurinominales en el Congreso del Estado fue en 2021. De manera reciente el “gandallismo” de líderes de partidos y de imposiciones en las candidaturas hacen reflexionar de la necesidad o no de seguir cargando con estas figuras que en teoría sirven para garantizar la representatividad ciudadana.
El pasado 20 de marzo venció el plazo para el registro de los abanderados para diputaciones plurinominales ante el Instituto Electoral de Quintana Roo.
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José Luis Pech Várguez de Movimiento Ciudadano (MC); Reyna Tamayo Carballo de Acción Nacional (PAN); Renán Sánchez Tajonar del Verde Ecologista (PVEM); y José Monroy Mañón de MÁS Apoyo Social, todos lideres de partido se quedaron con las primeras posiciones de diputaciones plurinominales.
José Luis Pech Várguez acaba de ser denunciado ante el Ieqroo por la diputada Maritza Basurto Basurto, por violencia política en razón de género. La legisladora ex naranja solicitó protección policiaca, y hasta orden de restricción.
Renán Sánchez Tajonar, para asegurar su pase a la XVIII Legislatura también se registró como candidato de mayoría relativa. Es el premio que exigió por ser desplazado en la candidatura para la presidencia municipal de Cozumel.
José Monroy Mañón, después de arruinar a su partido, no sólo se registró en la primera de las diputaciones plurinominales, sino que impuso a su pareja sentimental en la segunda posición, Diana Laura Nava Verdejo, cuestionada congresista de la presente legislatura que ha solicitado licencia en dos ocasiones, la última de forma indefinida.
La pregunta es: ¿a quién representan o pretenden representar estos candidatos a diputaciones plurinominales?, además de sus partidos, si ya se cuenta con 15 de mayoría relativa en igual número de distritos electorales que cubren todo el Estado?
La realidad de las diputaciones plurinominales
La realidad es que a nadie y más, si solo llegan a devengar un sueldo, dieta, prestación económica, o como se quiera llamar al recurso que perciben de manera mensual y que asciende a cerca de 140 mil pesos.
Son contados los casos, en los que los congresistas que llegan por la vía plurinominal destacan por su trabajo.
Sin embargo, el gandallismo evidenciado no de ahora, sino de siempre, reflejan que no se trata de representatividad, sino una cuota de poder y en muchos de los casos solo para cumplir órdenes del Gobierno en turno.
El presidente Andrés Manuel López Obrador intentó, a través de su reforma electoral, desaparecer las candidaturas a diputaciones plurinominales, en senadurías y hasta regidurías, pero el objetivo no se concretó.
En parte porque más que una búsqueda de ahorro de recursos se observó como una medida populista, en la que ni siquiera los del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) estuvieron de acuerdo, pues además trastoca los intereses de todo el sistema de partidos del país.
Sin ir al extremo de eliminar las 10 plurinominales del Congreso del Estado de Quintana Roo, que tienen como soporte jurídico el artículo 52 de la Constitución Política del Estado, sólo por reducirlas a cinco, el ahorro en una legislatura, tres años, supera los 26 millones de pesos.
Las diputaciones plurinominales se han vuelto más que reconocimientos premios de consolación y accesos directos y cómodos al poder. Aunque en algunas ocasiones no se logra.
De acuerdo con la propia Constitución local solo basta con alcanzar el tres por ciento de la votación total en un proceso electoral, para tener la posibilidad de acceder a una curul plurinominal. La repartición es a través de una fórmula matemática y el Ieqroo es el que designa y valida la cantidad que corresponde a cada partido, según los sufragios válidos acumulados.
Fue en la XVI Legislatura la última vez que se tocó el tema, pero para que prospere en el estado, primero tiene que darse una reforma nacional en material electoral.
Payo Obispo
La asignación de las candidaturas para presidencias municipales y diputaciones locales, por ambos principios, por parte de los partidos y coaliciones, han sido cuestionadas. Pero lo que raya en el ridículo son los criterios tomados para las cuotas por acciones afirmativas, en los que se convierte a indígenas, personas con discapacidad y hasta de la comunidad LGBTQ+ a quienes no lo son, con tal de imponerlos en los cargos de elección popular y conservar el poder. La situación se replica en el proceso electoral federal. Ni Dios se había atrevido a tanto.
