Van 180 cuerpos y restos de mascotas encontrados en lotes baldíos y cerca de 220 denuncias las interpuestas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), derivado del fraude cometido por el crematorio de Casa Xibalbá. Hay dos personas detenidas, pero no son las únicas presuntas responsables de este hecho que conmocionó a la capital de Quintana Roo.
Las cifras tanto de restos como de denuncias siguen en aumento, pero los afectados demandan también que la investigación no solo sea en contra de los detenidos, sino de las autoridades que no cumplieron con su responsabilidad o peor aún, que puedan estar coludidas con las personas directamente señaladas como presuntos responsables.
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Las familias, que recibieron tierra en lugar de cenizas de sus mascotas, cada vez más cuestionan: ¿dónde estaban las autoridades? ¿Quién permitió operar este negocio por varios años? ¿A qué autoridades corresponde autorizar permisos, regular y supervisar a este tipo de establecimientos?
El gobierno del estado y municipal han manifestado su postura de que se investigará hasta las últimas consecuencias, pero con una investigación enmarcada solamente en contra de los detenidos y no de los funcionarios o personal de sus propias dependencias que trasciende no cumplieron con su labor.
En la rama del derecho hay dos tipo de delitos, por acción y por omisión. Es decir, el primero cuando se comete con intención y el segundo, cuando se deja de hacer algo, que la legislación vigente ordena o exige. También hay normatividad para sancionar faltas administrativas, en el mismo sentido.
Autoridades bajo escrutinio por el crematorio de Casa Xibalbá
Son varias las instituciones que pueden estar en este supuesto porque son a las quien corresponde la autorización de permisos, regulación y supervisión de los negocios de este giro. De entrada la Dirección de Salud Municipal y hasta la Dirección de Servicios Públicos Municipales. En el ámbito estatal, la Secretaría de Salud (Sesa), la Coordinación de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Semarnat).
Los afectados por el crematorio de Casa Xibalbá han dado a conocer que personal de algunas de estas dependencias gubernamentales presuntamente estaban coludidos.
Durante la marcha del sábado 1 de noviembre, señalaron que hasta a los trabajadores de recoja de basura se les pagaba entre mil 500 y dos mil pesos por llevarse a las mascotas de las instalaciones de Xibalbá en bolsas de basura.
El dato más relevante que dieron los afectados por crematorio de Casa Xibalbá es que entre las personas afectadas hay servidores públicos y trabajadores de dependencias estatales y municipales.
No se trata de exponer a alguna persona en particular, pero si se trata de investigaciones a fondo, pero sobre todo de hacerlas cosas bien y hasta las últimas consecuencias, hay que voltear a ver desde casa.
Tras el incidente del crematorio de Casa Xibalbá, también habrá que actualizar el marco normativo, toda vez que pese a contar con una Ley de Protección y Bienestar Animal, los hechos destapados el 29 de octubre pasado reflejan vacíos importantes. Tal actualización corresponde a los gobiernos estatales y municipales, pero también al Congreso del Estado.
Los afectados por el crematorio de Casa Xibalbá hoy claman justicia, revivieron una vez más (pero con mayor dolor y hasta coraje) la pérdida de sus mascotas.
Denuncias y hallazgos en el crematorio de Casa Xibalbá en Chetumal
La cifra de afectados que hasta ahora se maneja son de más de 600, pero esa cantidad se queda corta si se toma en cuenta que el crematorio de Casa Xibalbá ha operado en Chetumal por al menos cuatro o cinco años. Aunque operaba en también en los municipios de Bacalar, Tulum, Playa del Carmen y Puerto Morelos, hasta el momento solo se conocen casos de la capital y comunidades aledañas.
Las familias afectadas por el crematorio de Casa Xibalbá no pelean la devolución del dinero pagado al negocio, sino exigen justicia por el daño moral y cruel como consecuencia del daño cometido.
Por los hechos registrados, se anticipa una vinculación a proceso de los presuntos responsables de manera directa, Alejandro “N” y Briseidy “N”. La pena corporal en caso de ser encontrados culpables puede alcanzar los 12 años, por los delitos que se imputan hasta el momento, pero con agravantes los años de cárcel y/o multas incrementan, además hay que considerar la configuración de otros actos delictivos.
Payo Obispo
El caso Xibalbá por su gravedad parece resultó hasta “benéfico” para las autoridades locales, pues vino a funcionar como distractor del tema de inseguridad, toda vez que por un rato se olvidó que hay un grupo de personas desaparecidas en Othón P. Blanco, de las cuales la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) negó haya reportes, pero que “por las moscas” implementaron un operativo de búsqueda y ¿qué creen? Están apareciendo.
Pero también fue distractor de otro tema relevante como la controversia constitucional de límites con Yucatán y Campeche. Las declaraciones del consejero jurídico del Gobierno de Quintana Roo, Carlos Fuentes del Río generaron polémica, ya que las autoridades de Campeche ya le respondieron.
La gobernadora Layda Sansores dijo que hay un acuerdo entre estados para “no mover” el asunto y el consejero jurídico campechano, Adrián Serrano Barrientos, desmintió a Fuentes del Río y aclaró que sí forma parte de la controversia promovida en 2019 por Yucatán, porque se incrustó como tercero interesado y no solo eso, sino que cumplieron con sus pruebas y alegatos, en el plazo establecido.
