David Acosta | R360
La cereza del pastel de esta crisis económica por la que atraviesa Quintana Roo, como consecuencia de la emergencia sanitaria por Covid-19, será un endeudamiento más a cargo de los quintanarroenses. Todo parece indicar que las cosas están llevando a un desenlace que pueda justificar un nuevo empréstito o empeñar aún más a los quintanarroenses con el refinanciamiento ya autorizado.
Desde el 27 de marzo pasado, unas semanas después del inicio de la contingencia por Covid-19 y tras una lluvia de críticas sobre condiciones de los servicios de salud del estado para enfrentar la pandemia, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) anunció que se realizó el Acto de Apertura de Ofertas para la Reestructuración de la Deuda Pública.
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La deuda pública oficial es por 18 mil 736 millones 561 mil 295.19 pesos, cuya reestructuración fue autorizada por el Congreso del Estado el 11 de diciembre de 2019. La presente administración solo ha podido pagar, en tres años, menos de mil millones de pesos del total de la deuda heredada.
Sin embargo, esta pandemia cayó “como anillo al dedo” para el gobernador Carlos Joaquín González, quien se ha quejado por la falta de apoyo económico en efectivo por parte del gobierno federal, adicional a los adelantos en participaciones que sí se le han dado a Quintana Roo.
Y ha presumido que con motivo de la emergencia sanitaria, su gobierno ha tenido que desembolsar hasta el momento más de 500 millones de pesos para infraestructura hospitalaria, insumos y apoyos sociales; aunque nadie conoce las licitaciones, compras y pagos que se han hecho por ese motivo, ¿dónde quedó la transparencia que tanto ofreció en campaña?
El gobernador está utilizando recursos de diversas áreas de la administración, pues en el famoso fondo para la contingencia que anunció desde el principio no tuvo los resultados esperados, y por cierto, ni siquiera se volvió a mencionar. En uno de sus mensajes mencionó que se trabaja con el Congreso del Estado para la reorientación del gasto a las necesidades de la emergencia. Aquí la pregunta es: ¿quién está tomando esas decisiones a nombre de ese órgano legislativo? Porque los 25 diputados no sesionan desde hace más de un mes.
La situación está llegando al extremo en la administración pública, que a los policías les descontaron entre 500 y mil 400 a los pesos, bajo los conceptos de “descuento por contingencia” o “descuento por ajuste fiscal”.
También está ocurriendo con los burócratas estatales en donde suspendieron el pago de estímulos cuatrimestrales, días económicos y puntualidad por asistencia porque, según, no hay forma de medirlos, como si los trabajadores tuvieran la culpa de la emergencia sanitaria. Además fueron suspendidos los bonos del Día de la Madre, Día del Padre, Día del Burócrata y años de servicio, hasta nuevo aviso.
Ambos casos fueron negados por los titulares de las áreas respectivas: Alberto Capella Ibarra, secretario de Seguridad Pública y Manuel Alamilla Ceballos, oficial mayor; aunque fueron los mismos trabajadores que dieron a conocer la información. Esta práctica ya es común cuando se ven descubiertos y las amenazas hacia los trabajadores también.
El barco de corrupción que ha sido evidenciado en reiteradas ocasiones en la administración de Carlos Joaquín ya está haciendo agua y en estos momentos es cuando se nota la necesidad de esos recursos que han sido reorientados hacia otros fines o grupos. Solo por poner un ejemplo, la multicitada compra de uniformes y mochilas escolares.
Carlos Joaquín tiene una carta a su favor para un nuevo endeudamiento, ya que ha logrado mantener el control del Congreso del Estado. No sería sorpresa que a estas alturas la XVI Legislatura avale un nuevo empréstito para la entidad y en el caso de la reestructuración pendiente de contratar, solo significa alargar el plazo de pagos y por supuesto hacer más grande la deuda; que por cierto, durante sus tres años de gobierno ya pasó de poco más de 19 mil millones de pesos a más de 50 mil millones de pesos, en términos reales. Eso, ni Roberto Borge Angulo pudo lograrlo.
PAYO OBISPO
En esta columna se adelantó el fracaso en Quintana Roo en la atención médica a la pandemia del Covid-19, la falta de preparación de la secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo y la situación del sector salud para brindar servicio a los enfermos. Esto fue comprobado por el secretario de salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, quien en una rueda de prensa desenmascaró la verdadera situación que se vive en Quintana Roo por coronavirus, al revelar una llamada de la titular de la Sesa para pedirle ayuda. En un abrir y cerrar de ojos, destruyó lo que su jefe tanto ha cuidado. ¡Que la verdad salga! Ver para creer.
