El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Quintana Roo es uno de los organismos de la administración pública que, en el marco de este IV Informe de Gobierno, debe ser requerido para que su directora, María Elba Carranza Aguirre, comparezca ante la XVI Legislatura.
El DIF estatal en la presente administración es una de las instituciones que ha sobresalido, no por su trabajo, sino por sus escándalos relacionados con la mala atención hacia la población vulnerable a la que en teoría debe proteger, por irregularidades en el trato hacia su personal y desde luego un manejo poco claro de sus finanzas.
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Este organismo tuvo su última época de brillo en la gestión de María Rubio, en el sexenio de Joaquín Hendricks Díaz. En ese entonces se sabía cuál era su función y no había pretexto para resolver problemas, incluso el peso que tenía esta institución llegó a estar solo por debajo del propio gobernador en turno.
El DIF perdió fuerza desde el sexenio de Félix González Canto, teniendo a la cabeza estaba Narcedalia Martín y más aún en la administración de Roberto Borge Angulo, cuando fungió como presidenta Mariana Zorrilla. Aunque por lo menos estas dos titulares no dejaron de salir en la escena pública y tenían injerencia en el manejo de los recursos.
Actualmente Gabriela Rejón está desaparecida y ha dejado todo el control del DIF a su directora María Elba Carranza Aguirre, quien no ha podido llevar las riendas de la institución, lo único que destaca de ella es su carácter déspota y altanero.
A esta institución le fue asignado un presupuesto para el 2020 de 570 millones 526 mil 162 pesos y pese a ello cada vez atiende a menos gente, el pretexto a las familias de sus oficinas es que no hay recursos.
En el DIF es conocido por no brindar apoyo a las familias, por correr a trabajadores sin justificación alguna, por tener áreas en donde se maltrata a grupos vulnerables como la Casa Hogar de los Niños y Niñas, Casa Hogar de los Abuelitos y recientemente en la Casa de Asistencia Temporal para Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo y Migrantes no Acompañados (Catar).
El año pasado, en el marco del Tercer Informe de Gobierno, fueron 22 titulares de dependencias y organismos los que comparecieron ante la XVI Legislatura para exponer las condiciones administrativas, financieras y operativas, todas sin excepción registraron deficiencias de diferentes niveles.
Entre los elementos que se tomaron en cuenta para que los titulares sean convocados ante los diputados fue su importancia en el servicio que brindan a la sociedad, la cantidad de recursos que manejan y el manejo poco claro de su presupuesto.
El DIF cumple con todos esos elementos, pero además se ha alejado de su razón de ser: proteger al principal núcleo de la sociedad, la familia.
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Sin embargo, como todos los años, la decisión la tienen los legisladores y ésta, es solo una de las instituciones que han escapado de estar en el banquillo.