Las últimas dos versiones de la Ley General de Comunicación Social han dejado al sector mediático inerme, sobre todo en el renglón presupuestal, que ha pasado del libre criterio de los funcionarios en turno asignando montos altísimos a medios tradicionales, lo que deja fuera de la publicidad oficial a los medios alternativos e independientes.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fue publicada el 11 de mayo de 2018, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Comunicación Social, un ordenamiento que en su momento, para distintos juristas, no satisfizo las exigencias constitucionales de la publicidad oficial previstas en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política.
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Entre otras cosas, este artículo establece restricciones a la actividad de los servidores públicos con relación a la propaganda electoral y el uso de recursos públicos y entre sus aspectos establece que no puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que promuevan personalmente a algún servidor público.
Jaime Fernando Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, precisa que esta Ley obligaba a los poderes y autoridades de los tres niveles de gobierno, respecto a la propaganda gubernamental bajo cualquier modalidad de comunicación social.
El investigador señala que la publicidad oficial debe tener un propósito de utilidad pública y no puede ser arbitraria para evitar la censura indirecta. La publicidad oficial no puede ser una forma de presión que actúe como premio o castigo que tenga por objeto condicionar la línea editorial de un medio según la voluntad de quien ejerce la presión.
Sin embargo, hasta nuestros días, la publicidad oficial sí es un método de control de las líneas editoriales, incluso con el Gobierno de la 4T.
La Ley de 2018 fue impugnada por una minoría en el Senado con una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 11 de junio de 2018. Los legisladores consideraron que la Ley no cumplía con reducir el uso excesivo de recursos para la contratación de publicidad oficial; terminar la parcialidad en la aplicación de recursos públicos para gastos de comunicación social oficial; y poner fin a la contratación de espacios de publicidad oficial para promociones personales de servidores públicos.
A esa acción de inconstitucionalidad se sumó otra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el argumento de no contenía reglas claras y transparentes sobre la asignación del gasto en comunicación social.
El 27 de diciembre de 2022 se publicó un decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la inoperante Ley General de Comunicación Social de 2018.
Sin embargo la nueva versión de la Ley fue anulada por la SCJN por considerar que violaba la Constitución.
Así, ni el Gobierno de la 4T pudo lograr concretar una Ley General de Comunicación Social apegada a la legalidad y que estableciera criterios claros y transparentes para la asignación de la publicidad oficial y aunque hubo menos gasto, la opacidad es la misma que en otros gobiernos.
Tendencias en el presupuesto de publicidad oficial
La organización Fundar señala en un reporte de agosto de 2023, que en 2022 el gobierno federal mantuvo tres tendencias en el presupuesto de publicidad oficial: subejercicio del gasto y reducción del presupuesto; hiperconcentración del gasto en unos cuantos medios y falta de criterios claros, objetivos y transparentes en la asignación de recursos.
Una nueva Ley debe contemplar criterios claros para la asignación de la publicidad oficial. Es posible que el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo sea más receptivo en este tema.
