El rescate de una menor peruana de 10 años en Ecuador evidencia la persistencia del tráfico transfronterizo para matrimonios forzados en América Latina, donde 1 de cada 4 niñas vive en uniones tempranas sin reducción estadística en 25 años.
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Operativo binacional contra el matrimonio servil en la Amazonía
La Fiscalía ecuatoriana capturó en Pastaza a un hombre de 50 años acusado de tráfico de menores para unión forzada tras una investigación fronteriza de dos meses.
Las fuerzas de seguridad ejecutaron la intervención en la localidad de Espejo, situada en la cuenca del río Tigre dentro de la provincia amazónica de Pastaza. En el sitio aprehendieron al adulto que pretendía formalizar la convivencia con la víctima rescatada, imputándole el delito de tráfico humano para matrimonio servil. Esta figura legal sanciona la captación y traslado de mujeres o niñas con fines de cohabitación involuntaria.
El seguimiento judicial comenzó tras rastrear dos casos previos de sustracción de infantes en el límite internacional entre Perú y Ecuador. Durante las declaraciones ministeriales, la menor relató haber sufrido tocamientos indebidos por parte del captor, detonando la cooperación binacional para reforzar los puntos de control limítrofe.
El estancamiento regional frente a las tendencias globales
América Latina y el Caribe representa la única zona geográfica mundial sin descensos significativos en las tasas de uniones tempranas durante las últimas dos décadas y media.
Las mediciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) confirman que el 25% de la población femenina menor de edad en la región ha contraído matrimonio o iniciado cohabitación antes de los 18 años. En contraste, regiones como África subsahariana registran una tasa superior (4 de cada 10 niñas), pero mantienen una curva descendente constante gracias a intervenciones estructurales continuas.
Alma Burciaga González, representante de la alianza Girls Not Brides (Niñas, no Novias), puntualiza que la precariedad material, la exclusión escolar y los entornos violentos empujan a las menores a buscar protección o solvencia en vínculos asimétricos condicionados por la desigualdad estructural.
Marco legislativo y el vacío de las uniones informales
Las reformas jurídicas implementadas desde inicios del siglo XXI han suprimido los matrimonios civiles de menores, pero han derivado en un incremento de convivencias informales no registradas.
Históricamente, el derecho canónico católico avaló nupcias a partir de los 12 años en mujeres y 14 en varones sobre el continente, una pauta que dejó secuelas en la percepción social de varios territorios. La evolución regulatoria reciente muestra los siguientes hitos:
- Nicaragua (2014): Fijó la edad mínima en 18 años, aunque mantuvo ciertas salvedades legales.
- El Salvador (2017): Eliminó excepciones para impedir enlaces nupciales en menores de edad.
- México (2019): Promulgó la prohibición absoluta del matrimonio con personas menores de 18 años en todo el código civil federal.
- Perú (2023): Modificó el Código Civil para erradicar cualquier matrimonio infantil legal.
- Colombia y Bolivia (2025): Sancionaron legislaciones de veto total a las nupcias con menores.
A pesar de estas leyes, el informe de Unicef de 2025 sitúa a República Dominicana, Nicaragua y Honduras como los territorios de mayor prevalencia. En República Dominicana, más del 35% de las mujeres mayores de 20 años inició vida conyugal antes de la mayoría de edad. Lorena Villavicencio, titular de Sipinna en México, detalla que tras la reforma legal mexicana bajó el registro formal, pero se documentaron cerca de 9.000 uniones informales tempranas en el último ciclo anual.
Factores de desigualdad y sistemas normativos tradicionales
La marginación económica rural cuadruplica las posibilidades de unión forzada en niñas expuestas a relaciones con hombres significativamente mayores.
- Brecha etaria: Una de cada cinco menores unidas convive con parejas que las superan por al menos 10 años de edad, amparadas en concepciones asimétricas sobre el rol femenino.
- Vulnerabilidad socioeconómica: En República Dominicana, residir en el ámbito rural sin soporte financiero eleva cuatro veces el riesgo de entrar en uniones tempranas frente a pares escolarizadas.
- Costumbres comunitarias: En ciertas demarcaciones, como el caso de San Pedro Cuitlapan (Guerrero, México) en mayo de 2025 donde contrajeron nupcias menores de 13 y 14 años, los sistemas tradicionales validan uniones tras la primera menstruación hacia los 11 años.
Estrategias integrales de retención educativa y protección
La permanencia escolar obligatoria y el desarrollo de habilidades de liderazgo constituyen el eje de contención frente al embarazo adolescente y la violencia intrafamiliar.
Los organismos internacionales enfatizan que el corte educativo temprano, el riesgo de abuso sexual y la gestación precoz perpetúan el ciclo de exclusión. Para mitigar esta dinámica, República Dominicana ha desplegado clubes comunitarios de niñas y campamentos de liderazgo juvenil destinados a crear redes de apoyo y autonomía.
La respuesta intersectorial exige destinar financiamiento para sostener la trayectoria académica hasta la universidad, fiscalizar los pasos fronterizos informales y brindar asistencia jurídica y psicológica a las menores que ya se encuentran bajo regímenes conyugales de facto.
