PLAYA DEL CARMEN, QR.- Colectivos feministas y de acompañamiento a víctimas exigieron al Poder Judicial de Quintana Roo la apertura inmediata de una investigación de oficio contra José Luis Jonathan Yong Mendoza, juez de Control en materia penal, tras la difusión de videos y audios en los que se le señala por presunta violencia contra su pareja y por portar un arma de fuego en el fraccionamiento Palmaris.
La exigencia se enmarca en la aplicación de la Ley 3 de 3, bajo el principio de “ningún agresor en el poder”, al advertir que una persona señalada por conductas violentas no puede impartir justicia, especialmente cuando se desempeña como juez de Control en materia penal y conoce asuntos relacionados con violencia familiar, de género o que involucran a adolescentes.
También te puede interesar: Turismo en Isla Mujeres apunta a cierre histórico de 2025 con seis millones de visitantes
Solicitan al Poder Judicial investigar a juez de Control en materia penal
En un posicionamiento público, Ariadne Song Anguas, integrante del colectivo Ixtabay Quintana Roo y de la Red de Víctimas Quintana Roo, subrayó que la actuación de las instituciones no debe condicionarse a que la víctima presente una denuncia formal, debido a las barreras estructurales que enfrentan muchas mujeres en contextos de violencia.
Señaló que el Tribunal Disciplinario tiene la facultad de abrir una investigación de oficio contra el juez de Control en materia penal, sin necesidad de una queja directa, a fin de garantizar que quienes imparten justicia cuenten con solvencia moral y respeto a la ley.
“Muchas mujeres no tienen a dónde ir, no pueden iniciar una queja o acudir a un refugio sin ser revictimizadas. El Tribunal Disciplinario tiene la facultad de abrir una investigación de oficio”, señaló.
Los colectivos advirtieron que normalizar la violencia desde el Poder Judicial abre la puerta a la impunidad, sobre todo cuando el presunto agresor concentra poder jurisdiccional y acceso a armas. Recordaron que, con la reforma judicial, se creó un Tribunal Disciplinario para investigar y sancionar conductas indebidas de jueces y magistrados.
Asimismo, hicieron un llamado a personas que consideren haber sido afectadas por decisiones judiciales irregulares —como autos de no vinculación, cambios o imposición de medidas cautelares— a presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado, para que se revisen resoluciones emitidas por el juez de Control en materia penal señalado.
Los colectivos también solicitaron a la gobernadora Mara Lezama Espinosa garantizar que los órganos internos actúen con debida diligencia reforzada, aun sin denuncia directa, recabando testimonios vecinales y reportes previos al 911. Indicaron que no sería la primera vez que se atribuyen conductas problemáticas al funcionario, quien además se desempeñó anteriormente como director de Seguridad Pública en Benito Juárez.
Finalmente, recordaron que el juez de Control en materia penal tomó protesta en septiembre y que su entrada plena en funciones está prevista entre finales de diciembre y enero de 2026, por lo que advirtieron que no debe iniciarse un nuevo año con personas generadoras de violencia impartiendo justicia.
“No podemos iniciar un nuevo año con personas generadoras de violencia impartiendo justicia”.
