CHETUMAL, QR.- Luego de 73 días, feministas acordaron con la XVI Legislatura dar acceso a diputados a la sede del Congreso del Estado, para agilizar el análisis de la despenalización del aborto.
Fue el 27 de noviembre de 2020 cuando integrantes de la Red Feminista Quintanarroense tomaron dicho inmueble como medida de presión.
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Las activistas dejaron en claro que no están pidiendo la aprobación, sino la atención de la iniciativa encaminada, según ellas, a la protección de los derechos de las mujeres.
De acuerdo con Yunitzilim Rodríguez Pedraza, representante del colectivo en la zona sur, la entrega de dicho recinto legislativo podría realizarse en 15 días.
“No nos vamos a ir hasta que veamos el dictamen, ese es el compromiso hecho con la legislatura”, dijo.
“Por ahora, sólo se permitirá a los legisladores ingresar para que laboren en los diferentes temas que tienen pendientes, pero principalmente en lo concerniente al aborto”, añadió.
Gustavo Miranda, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, señaló que el 15 de febrero se someterá a pleno la calendarización de los trabajos encaminados a desahogar la propuesta sobre el aborto.
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Contempla los foros de consulta pública para escuchar todas las voces. La iniciativa podría ser votada el 24 de febrero próximo.
Durante el evento protocolario de la firma, Fausto Canto García, representante del Frente Nacional por la Familia, le reclamó a Miranda García la realización de acuerdos sin tomar en cuenta a los grupos provida.
Durante los 73 días de toma de las instalaciones, a la feministas les cortaron el servicio de energía e internet.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo emitió una medida precautoria a favor de las feministas.
Dicho documento en contra del Poder Legislativo fue motivo de la solicitud de renuncia del titular del organismo autónomo, Marco Antonio Toh Euán.
Sede alterna
Legisladores establecieron como sede alterna el Centro Internacional de Negocios y Convenciones.
El diputado petista Roberto Erales Jiménez reveló, en su momento, que el Poder Legislativo pagó 15 mil pesos al día por la renta de dicho lugar.
Ante la insuficiencia de recursos, la sede fue trasladada al Museo de la Cultura Maya.
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Gustavo Miranda García, negó que se haya pagado tal cantidad, incluso aseguró que no se desembolsó nada.
