CHETUMAL, QR.– Una banda de defraudadores de predios, en complicidad con un notario, opera en el sur del estado. Una pareja de inversionistas fue estafada por más de 5.5 millones de pesos y acusa dilación de justicia. Exigen a la gobernadora Mara Lezama que haga valer el estado de derecho.
Juan Antonio Cortés Gómez señaló que, junto con su esposa, Yesica Yuridia Urias Castro, se dejó llevar por la publicidad del Gobierno del Estado y de la propia titular del Ejecutivo estatal, que promueve a Quintana Roo como un lugar seguro para invertir.
Indicó que esta fue una de las razones principales por las cuales adquirió dos predios en la comunidad de Calderitas: uno de 800 metros cuadrados y otro de cinco mil metros, con un valor total de cuatro millones de pesos.
Originario de la Ciudad de México y con familiares en Chetumal, se sintió motivado a invertir en el sur de la entidad.
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Banda de defraudadores falsifica posesión de predios con Sedatu
Emanuel Zarsoza fue quien hizo contacto con él, y le mostró los predios ofertados por internet, junto con Óscar Eduardo Zarsoza Ovando, Patricia Pérez Heredia, Leonardo Álvarez Campuzano, Belsy Noemí Mena Aranda y Jesús Antonio Lagos Olivera. Este último administra redes sociales como “Casas Chetumal”, que abarca Chetumal, Bacalar, Mahahual y Calderitas.
Tras adquirir los terrenos, inició la construcción de un proyecto ecoturístico. Sin embargo, apareció una persona que se ostentó como propietaria de los predios.
La incertidumbre surgió cuando los vendedores entregaron documentos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que supuestamente acreditaban la posesión de los terrenos, al tratarse de nacionales.
La transacción fue realizada en la notaría 109, cuyo titular es Manuel Chejín Pulido, lo cual le generó mayor confianza. El depósito se efectuó en cinco cuentas distintas.
Ante la sospecha, decidieron interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por despojo, y contrataron al abogado Jesús Contreras. Fue entonces cuando descubrieron que se trataba de un fraude orquestado por una banda de defraudadores que opera en el sur del estado.
Durante 2024 presentaron dos denuncias, dada la gravedad del caso. No obstante, ambas permanecen sin avances.
Las carpetas de investigación 5351/2024 y 5352/2024 corresponden al delito de fraude, previsto en el artículo 152 del Código Penal del Estado de Quintana Roo. Aunque fueron presentadas en 2023, se ampliaron en 2024 tras detectar la estafa.
También presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por dilación de la justicia y presuntas irregularidades en el proceso. Se prevé acudir a la Fiscalía General de la República para denunciar asociación delictuosa.
Jesús Contreras, abogado defensor y especialista en terrenos nacionales, señaló que en la Sedatu existe un problema grave: cualquier persona puede tramitar la enajenación de terrenos y obtener un documento que acredita la posesión.
Uno de los presuntos responsables del fraude, Álvarez Campuzano, encabeza una presunta banda de defraudadores con presencia en Bacalar, Calderitas, Mahahual, Cozumel y Cancún. Está procesado desde hace años y porta un brazalete electrónico.
El abogado explicó que la banda de defraudadores detecta predios desocupados, inician trámites ante la Sedatu y hacen creer a los inversionistas que tienen la posesión, para luego concretar una cesión de derechos ante un notario.
En este caso, fue la notaría 109 de Chetumal la que realizó la diligencia. Sin embargo, desde 2010 están prohibidas las cesiones de derechos, conforme a la Ley de Lavado de Dinero.
Al presentar las denuncias, el notario lo amenazó: “No te metas, no sabes con quién te metes. Aquí nos llevamos con las autoridades. Esto no es Cancún, es otro territorio”, relató el abogado.
Advirtió que este caso es solo una muestra del alcance de esta banda de defraudadores, que también opera en el norte del estado. En lugares como Cancún y Cozumel, los fraudes alcanzan hasta 100 millones de dólares por terrenos de entre 30 y 50 hectáreas frente al mar.
Según el abogado, la banda de defraudadores también tiene presencia en otros puntos de la península, como Mérida.
Jesús Contreras afirmó que hizo público este caso debido a la dilación de justicia que han enfrentado, y para evitar que otras personas sean víctimas de esta banda de defraudadores.
Destacó que los afectados exigen a la gobernadora que haga valer el estado de derecho en Quintana Roo, investigue y sancione a las bandas que abusan de la buena fe de los ciudadanos y desalientan la inversión.
Aunque el proceso legal continúa, el abogado reconoció que, según su experiencia, solo tres de cada diez casos obtienen resultados favorables, debido a la prescripción del delito, que es de un año para presentar denuncia y de tres si no hay avances. El abogado también fue amenazado por Emanuel y Leonardo: “Si le pasó eso a tu cliente fue por pendejo, y más vale que no hagan nada porque se los va a cargar la chingada”, afirmó.
La pareja de inversionistas destinó cuatro millones de pesos a la compra de los predios y 1.5 millones a la construcción del proyecto ecoturístico, por lo que la pérdida asciende a al menos 5.5 millones de pesos.
Temen por su integridad si regresan a Quintana Roo, especialmente a Chetumal, ya que consideran que se enfrentan a una banda de delincuencia organizada. Han decidido no volver a invertir en el estado.
