CIUDAD DE MÉXICO.- Que el gobierno federal diera una audiencia a Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana en Quintana Roo, sólo demuestra la justicia selectiva y trato preferencial a quienes aparentemente pertenecen al crimen organizado, acusó el abogado José Lafontaine Hamui.
Señaló que era el Ministerio Público federal el que debió citar al empresario a declarar sobre los hechos que le imputan, y no la Secretaría de Seguridad.
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“Invito a cualquiera que enfrente una investigación penal y haya sido imputado de un delito, a pedir audiencia con el presidente. Y de dicha petición, se instruya a la secretaria de Seguridad que lo reciba para ‘otorgarle garantía de audiencia’. Buena suerte con eso”, reclamó en su columna para El Heraldo.
Explicó que la garantía de audiencia está dirigida a que nadie puede ser sentenciado sin haber sido oído y vencido en juicio.
“Hay que explicarle al presidente de dicha garantía no es una plática de café con una secretaria de Estado”, dijo.
“Nuestro trato fue como a cualquier ciudadano, de escucharlo, pero no dimos ninguna opinión al respecto. Su caso está en manos de la fiscalía”, indicó en su momento Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de esa dependencia.
Antecedentes
En 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) catearon y detuvieron a Florian Tudor, sin embargo, después fue dejado en libertad.
El 5 de febrero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 72 cuentas de personas jurídicas, ciudadanos rumanos y mexicanos, que aparentemente clonaban tarjetas de crédito y débito en Quintana Roo y Baja California Sur.
La UIF detectó una red de políticos de Quintana Roo que se encargaban de proteger y colaborar con la mafia rumana en el estado.
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Entre ellos destacan los ex presidentes de Benito Juárez:
- Remberto Estrada Barba
- Gregorio Sánchez
Otros políticos vinculados son:
- José Luis Jonathan Yong Mendoza, aspirante a diputado local de Quintana Roo por Morena
- José de la Peña Ruiz de Chávez, actual diputado local por el PVEM
- Laura Fernández Peña, presidenta municipal de Puerto Morelos por el PVEM
- Pablo Mauricio Amezcua Dorador, ex director de Fiscalización de Quintana Roo
- Jesús Aíza Kaluf, ex secretario de Seguridad Pública en Benito Juárez, en 2014
Lafontaine Hamui destacó que la UIF analizó un total de:
- 277 operaciones inusuales por un monto de 337 millones 500 mil pesos
- 520 reportes de operaciones relevantes por más de 125 millones 525 mil pesos
- 232 millones de pesos en transferencias internacionales
Justicia selectiva
“¿Por qué un secretario de Estado recibe a quien ha sido señalado como jefe de la mafia e imputado de varios delitos? ¿Por qué la FGR no defiende su investigación?”, cuestionó el abogado.
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Actualmente no existe ninguna orden de aprehensión contra el presunto líder de la mafia rumana.
