CHETUMAL, QR.- Lilí Domínguez Delgado fue víctima de un nuevo abuso por parte de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE). Su calvario, asegura, no termina luego de pasar tres años y nueve meses en la cárcel por un delito que no cometió.
Lilí informó que el 15 de mayo pasado llegaron hasta su domicilio agentes de la FGE, quienes se comportaron prepotentes y señalaron en un inicio que respondieron al llamado de auxilio que ella solicitó a través del 911.
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Intentaron engañarla bajo ese argumento, sin embargo, al ver que Lilí no cayó en el juego, le informaron que están investigando un delito en la que ella está presuntamente involucrada, pero no le explicaron claramente el hecho delictivo.
Fue amenazada y hostigada, además de que intentaron ingresar a su domicilio para una revisión. Situación que no permitió, pues los agentes no traían ninguna orden de cateo.
Su nieto, quien se encontraba con ella en ese momento, fue abordado por los agentes, quienes intentaron obligar a que firmara un documento relacionada con la supuesta investigación y que no traía el nombre de su abuela. Al percatarse de que se trataba de un engaño para relacionarla con una actividad ilícita, se negó a firmar.
Acción de agentes de la FGE le provoca un shock nervioso
Lilí asegura que la forma prepotente en la que llegaron los agentes de la FGE le provocaron un shock nervioso, por lo que hubo la necesidad de solicitar una ambulancia. Al sitio también llegó una patrulla del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig).
Esta acción ocurrió luego de que Lilí declaró a Ruptura 360 la situación que vivió hace unos años y de la cual no se le ha hecho justicia, a través de la reparación de daños.
Domínguez Delgado informó en entrevista que estuvo en la cárcel tres años y nueve meses acusado de un presunto homicidio. En su momento fue detenida y torturada junto con otras cinco personas, entre ellas su ex pareja.
La tortura fue desde golpizas, bolsas en la cabeza y hasta toques eléctricos, con tal de que se declarara culpable del asesinato de una persona de nombre Isidro.
Ella y los demás detenidos fueron liberados al comprobarse que no tuvieron que ver en la muerte, pues la supuesta víctima falleció de un paro cardiaco, por presuntamente ingerir una pastilla, señaló Lilí.
La tortura a la que fue sometida le dejó secuelas irreversibles, sobre todo en una de sus piernas que le impide tener movilidad, que a su vez le complica para trabajar. Además de que padece estrés postraumático, que le ha obligado tratamientos psicológicos y psiquiátricos.
Ella exige justicia y reparación del daño, pero su caso no avanza porque la FGE y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) desaparecieron pruebas de la tortura de la que fue víctima.
Ante la falta de apoyo a nivel local, dijo que acudirá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para interponer su queja y a las autoridades federales que sea necesario, pues enfatizó que ya quiere acabar con esta historia que no le deja vivir. “No descansaré hasta que se me haga justicia”, finalizó.
