CHETUMAL, Q. Roo.- Como parte de la política pública orientada a garantizar el acceso pleno a la justicia y el respeto a los derechos humanos de los pueblos originarios, el Gobierno de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Gobierno, recibió la traducción a lengua Maya de tres instrumentos normativos considerados fundamentales para la vida jurídica del estado.
La titular de la dependencia, Cristina Torres, explicó que este avance fue posible gracias al convenio de colaboración con instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO), mediante el cual se concretó la traducción a lengua Maya de ordenamientos legales que garantizan los derechos de las comunidades indígenas.
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Durante el acto protocolario, la funcionaria estatal recibió de manos del rector de la UIMQROO, William Briceño Guzmán, la versión en lengua originaria de la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Quintana Roo, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Quintana Roo y el Código Penal del Estado de Quintana Roo.
Traducción a lengua Maya promueve inclusión
Cristina Torres subrayó que la traducción a lengua Maya de estos ordenamientos representa un avance significativo en la promoción de la igualdad, la preservación de la lengua originaria y el fortalecimiento del acceso a la información legal, al permitir que las personas mayahablantes comprendan con claridad sus derechos y obligaciones dentro del marco jurídico estatal.
Estas acciones, añadió, forman parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que impulsa la gobernadora Mara Lezama, el cual prioriza la justicia social, el respeto a la diversidad cultural y el reconocimiento pleno de los pueblos originarios, mediante una traducción a lengua Maya con visión humanista e incluyente.
Con este esfuerzo interinstitucional, el Gobierno del estado refrenda su compromiso de construir una entidad más justa e incluyente, donde la traducción a lengua Maya de los marcos legales contribuya a garantizar el acceso efectivo a la justicia, la protección de los derechos humanos y la preservación de las lenguas originarias como pilares del bienestar social.
