BACALAR, QR.- A 25 días de revocarle la representación jurídica del Ayuntamiento, el Cabildo de Bacalar le restituyó a Vanessa Piña Gutiérrez esa facultad.
El pasado 11 de julio el cuerpo colegiado de este municipio aprobó por mayoría retirarle su facultad como apoderada legal, bajo el argumento de negarse a firmar documentos de la cuenta pública del último trimestre del 2021 y del primer trimestre del 2022, además de escritos de laudos laborales para que sean atendidos por la Dirección Jurídica, entre otros temas de responsabilidad de la síndico.
También te puede interesar: Controversia por revocar la representación legal de la síndico de Bacalar
Piña Gutiérrez, en su defensa, señaló que la suspensión de sus facultades fue por apoyar a una trabajadora que fue presunta víctima de acoso sexual en el Ayuntamiento.
De igual manera indicó que se le querían obligar a firmar presuntas irregularidades de la administración municipal.
Restituyen por unanimidad facultades a la síndico
Este jueves, en sesión extraordinaria, el Cabildo le restituyó sus facultades como representante legal de del Ayuntamiento. La aprobación fue por unanimidad, aunque solo estuvieron presentes seis de nueve regidores.
Piña Gutiérrez no acudió a la sesión de cabildo, al considerar que el cuerpo colegiado no es la autoridad que suspende y restituye facultades a una autoridad constitucionalmente electa.
El 20 de julio, en el Periódico Oficial del Estado, fue publicada oficialmente la revocación de sus facultades, quedando en su lugar Rosa García González, segunda regidora.
En esa misma fecha, el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) ordenó medidas cautelares en contra del Ayuntamiento y el presidente municipal, Alfredo Contreras Méndez, y a favor de Piña Gutiérrez, por presunta violencia política de género.
Aunque no se dio fecha en la que serán renovadas sus facultades, será una vez que le sea notificado el dictamen aprobado por el Cabildo.
Además de que como excepción y antes de que eso ocurra, se permita que García González termine con unos trámites jurídicos pendientes.