CANCÚN, QR.- Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno, fijó esta noche, a nombre de la administración de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, un posicionamiento sobre el litigio contra la empresa Aguakan
Al dar lectura al posicionamiento oficial en una conferencia de prensa realizada esta noche, la encargada de la política interna del Gobierno estatal señaló que la demanda social por la terminación de la concesión se sustenta en varias irregularidades detectadas en la prestación del servicio y en la prórroga de la concesión otorgada en 2014.
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La funcionaria explicó que la concesión, originalmente otorgada en los años 90, fue extendida de manera ilegal en 2014 hasta el año 2053 y ampliada al municipio de Solidaridad, sin cumplir con los procedimientos legales correspondientes.
Comentó que en mayo de 2024, el Gobierno estatal presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, lo que llevó a la integración de una carpeta de investigación y la emisión de órdenes de aprehensión contra directivos de Aguakan por presuntos delitos de lavado de dinero y promoción de conductas ilícitas de servidores públicos.
Refirió que, en materia de salud y medio ambiente, estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA) y especialistas del sector salud detectaron contaminantes en el agua potable y niveles elevados de coliformes fecales y E-coli en aguas residuales, lo que representa un riesgo para la salud pública y el ecosistema.
Además, al referirse a las acusaciones de hostigamiento emitidas hace una semana por Aguakán, Torres Gómez enfatizó que el Gobierno estatal ha actuado conforme a la ley.
Indicó que la reciente reunión con representantes de la empresa se llevó a cabo a petición de la concesionaria, con el fin de analizar posibles afectaciones a inversionistas y trabajadores.
Aguakan ofreció la empresa al Gobierno estatal
Aseguró que, en ese encuentro, Aguakan ofreció la posibilidad de que el estado adquiriera la empresa, pero la administración estatal rechazó la propuesta.
Resaltó que la administración estatal no aceptará ninguna propuesta de adquisición de Aguakan y que la única vía posible es la terminación de la concesión.
Subrayó que las denuncias presentadas por el gobierno estatal buscan garantizar la legalidad y la transparencia en la gestión del agua en Quintana Roo.
Finalmente, la funcionaria informó que en los próximos días dará a conocer avances sobre los nuevos procesos legales emprendidos en contra de la concesión.
