Jazmín Ramos | R360
CANCÚN, QRoo.- El aislamiento derivado de la emergencia sanitaria por el Covid-19 dejó al descubierto el rezago y la marginación en materia digital, no solo en las dependencias de gobierno, sino también para el acceso a la educación, la salud y la vigilancia del quehacer público, coincidieron en señalar los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Quintana Roo (CPC), durante la conferencia online “Puntos de Contacto de Gobierno-Sociedad”.
En este ejercicio, que se realiza cada semana para establecer lo que será la política anticorrupción del estado, los miembros del CPC refirieron que, quizá un punto positivo del aislamiento social, es que los funcionarios y servidores públicos se dieron cuenta del atraso de la aplicación de la Ley de la Mejora Regulatoria en la estructura del gobierno, lo cual, limita los procesos para realizar trámites, gestiones y pagos en las oficinas públicas.
También te puede interesar: Aprende en Casa pasa apuros por conectividad
En su intervención Mariana Belló Belló, dijo que a pesar de que Quintana Roo tiene una Ley de Mejora Regulatoria de lo más moderna y adelantada del país, todavía su aplicación es limitada en las dependencias, oficinas y servicios de la administración pública, porque consideran un gasto la inversión para eficientar los procesos del quehacer público.
Sostuvo que ahora que el aislamiento obligó a los funcionarios a trabajar desde sus hogares, les permitió ver el rezago que existe en conectividad y digitalización de la estructura de gobierno, entonces, quizás sirva como un antecedente para mejorar la simplificación de los trámites y la accesibilidad de realizar pagos a través de sus diferentes plataformas en línea.
Comentó que en la medida en que se den estos procesos de revisión y reforma de cómo operan las oficinas y dependencias de gobierno, se modernizará la atención a la ciudadanía, lo que implicará la disminución de los procesos para realizar trámites y pagos, e incluso incentivará la inversión.
Por su parte, Raúl Cáceres Urban, mencionó que para que se logre la mejora regulatoria, así como transparentar el quehacer público y haya un cambio en las políticas, es importante la participación ciudadana, porque en la medida que exista una mayor vigilancia y se exijan cuentas a los gobiernos, sin duda habrá un desarrollo más equitativo en el país.
Señaló que justo ahí, es donde está trabajando el CPC, en fomentar la participación social como eje transversal, no solo para el combate a la corrupción sino en todas las actividades comunitarias, sociales y económicas con las que se convive día a día, pues la población no puede ser ajena al quehacer público y acciones que se ejercen desde el poder.
“Se trata de ser copartícipes, a fin de que se tenga un mejor manejo de los recursos y se eficiente el actuar de las instituciones”.
Dijo que los grandes cambios emanan de hacer valer la soberanía que otorga la constitución, pero no desde una postura romántica; actuando, siendo vigilantes, exigiendo el rendimiento de cuentas y hacer señalamientos puntuales de las irregularidades que se dan en el quehacer público.
Por ello, agregó, la urgencia de incentivar la denuncia ciudadana, pero también a su participación activa, para no dejarle todo al gobierno.
En ese sentido la presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción de Quintana Roo, Cynthia Dehesa Guzmán, señaló que sin duda, el que la ciudadanía y las organizaciones sociales participen en este ejercicio de exigir cuentas provocará una mejoría en el actuar de los gobernantes y funcionarios, a quienes se les debe señalar, así como exhibir sus errores.
“Están muy acostumbrados a no rendir cuentas, e incluso cuando se les solicita piensan que le están haciendo un favor a la población, cuando por ley están obligados. Es un derecho que tienen los ciudadanos”
En cuanto al por qué la reforma de la Ley de la Mejora Regulatoria aún tiene atrasos, mencionó que los gobiernos no quieren invertir en plataformas digitales, ni tecnología para agilizar el quehacer público, olvidando que no se trata de un gasto, sino, de un beneficio para las instituciones y dependencias, las cuales mejoran sus procesos de operación.
Sin embargo, el confinamiento generado por el Covid-19 permitió ver con claridad el rezago que hay en materia de conectividad, digitalización y modernización de todas las dependencias de gobierno, de los sistemas de educativos y de salud.
Refirió que quedó al descubierto que hay un grueso de la población que no tiene acceso a estas herramientas, por lo que ha sido imposible acceder a los servicios y en el caso de los trámites, el que no se tengan plataformas para realizar pagos o gestiones online, demuestra que la aplicación de la reforma regulatoria aún enfrenta rezago.