CANCÚN, Q.R.– La gobernadora Mara Lezama Espinosa firmó un Acuerdo para la creación de la Comisión Intersecretarial del Sistema Penitenciario y de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Quintana Roo.
Este acuerdo busca coordinar esfuerzos entre diversas secretarías para facilitar la reintegración social de las personas privadas de su libertad.
Creación de la Comisión Intersecretarial
El Acuerdo firmado tiene como objetivo coordinar actividades entre las secretarías del Poder Ejecutivo para implementar programas de reintegración social.
La gobernadora Mara Lezama destacó que la creación de esta Comisión era necesaria desde 2017, pero que hasta ahora no se había concretado.
Enfoque en la reinserción social
La Comisión Intersecretarial se enfocará en proporcionar a los internos acceso a educación, capacitación laboral, salud y deporte. La gobernadora señaló que estos mecanismos permitirán a las personas privadas de su libertad adquirir habilidades y conocimientos para facilitar su reintegración a la sociedad.
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Participación de autoridades
El acuerdo fue firmado en un evento realizado en el Complejo de Seguridad C5, con la participación de la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres.
La secretaria Torres Gómez destacó que las actividades de reintegración se realizarán respetando los derechos humanos y garantizando condiciones dignas para los internos.
Objetivos del Nuevo Modelo de Seguridad
La gobernadora explicó que el nuevo modelo de seguridad ciudadana busca asegurar que las personas privadas de su libertad tengan una segunda oportunidad sin reincidir en delitos.
El modelo es parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que busca una prosperidad compartida y la inclusión de todos los ciudadanos.
Derechos humanos y seguridad jurídica
La secretaria de gobierno, Cristina Torres Gómez, mencionó que los mecanismos de reintegración se llevarán a cabo bajo un estricto apego a los derechos humanos. El objetivo es ofrecer seguridad jurídica y legalidad, garantizando una vida digna para las personas una vez que sean liberadas.
