EL IDEAL, QR.- El proyecto para concretar la ampliación de la carretera federal en Lázaro Cárdenas, Quintana Roo enfrenta su principal obstáculo en la falta de certeza jurídica de los terrenos ejidales por donde se trazará la ruta. La secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres Gómez, informó que la liberación de recursos federales depende exclusivamente de que los ejidatarios formalicen la donación de los predios.
Durante una reunión con habitantes y autoridades comunitarias, la funcionaria explicó que la obra ha sido gestionada durante varios años. Sin embargo, los lineamientos federales impiden destinar presupuesto público a terrenos de propiedad privada o social que carezcan de la debida regularización.
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Asambleas ejidales: el paso clave para liberar el proyecto
Para destrabar el proceso administrativo, el procedimiento contempla que las directivas ejidales convoquen a sus respectivas asambleas para analizar y aprobar la donación de las superficies requeridas.
Torres Gómez puntualizó que los documentos contractuales deberán estipular formalmente que los terrenos serán destinados de manera exclusiva a la construcción de la carretera. Con esto se busca evitar litigios futuros, reclamos o cobros indebidos por el uso del suelo, situaciones que en administraciones pasadas paralizaron proyectos similares.

Medidas de seguridad e intervención inmediata en puntos de riesgo
En tanto se completan los trámites jurídicos y la aprobación de los fondos federales, el Gobierno de Quintana Roo implementará un plan de contingencia vial para reducir accidentes en la zona:
- Recorridos técnicos: Inspección sobre la vía para ubicar tramos críticos, curvas peligrosas y estrechamientos.
- Señalética preventiva: Instalación inmediata de anuncios visuales de límites de velocidad y advertencia de riesgo.
- Reductores de velocidad: Análisis e instalación de infraestructura física reguladora con el respaldo de las autoridades competentes.
La Secretaría de Gobierno dará seguimiento a los acuerdos celebrados y acompañará a las autoridades ejidales en la celebración de sus asambleas para acelerar la donación legal del suelo.


