Claves de la noticia:
- Entre los señalados figuran el exgobernador Silvano Aureoles y el exsecretario de Seguridad, Juan Bernardo Corona.
- Se emitieron 16 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y policías estatales.
- Los delitos imputados son Homicidio Calificado, Abuso de Autoridad y Tortura por los hechos ocurridos en abril de 2017.
CDMX.- En un hecho sin precedentes para la justicia en Michoacán, un Juez de Control concedió a la Fiscalía General del Estado (FGE) un total de 16 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos y exfuncionarios de alto nivel. La medida responde a su presunta responsabilidad en el asesinato de cuatro comuneros y las lesiones infligidas a decenas de personas en la localidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, en el año 2017.
La lista de mandamientos judiciales es encabezada por el exgobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, y quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez. Ambos son señalados por los delitos de Homicidio Calificado, Abuso de Autoridad y Tortura, derivados del operativo policial que derivó en lo que organizaciones civiles han calificado como una masacre.
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Detalles del operativo y las imputaciones contra Silvano Aureoles
Los hechos que originaron esta acción judicial ocurrieron el 5 de abril de 2017. Durante un operativo implementado por la entonces policía estatal en la comunidad indígena de Arantepacua, el uso excesivo de la fuerza resultó en la muerte de cuatro habitantes y dejó a al menos una decena de personas con lesiones de gravedad.
La FGE, encabezada por Carlos Torres Piña, presentó los elementos de prueba suficientes para acreditar la posible participación de los señalados en la cadena de mando y ejecución de los actos violentos. Además de Silvano Aureoles y Corona, el juez autorizó 14 órdenes de captura adicionales contra elementos policiales que participaron directamente en la irrupción a la comunidad.
Justicia tras siete años
Tras casi siete años de los hechos, el Poder Judicial determina que existen indicios suficientes para que el exmandatario estatal rinda cuentas ante la justicia. Según el expediente, el ordenamiento se fundamenta en la presunta vinculación directa de las autoridades con la planeación y ejecución del operativo de seguridad que vulneró los derechos humanos de la comunidad indígena.
Hasta el momento, las autoridades estatales no han confirmado la ejecución de las capturas, pero el mandato judicial marca un punto de inflexión en la búsqueda de justicia para las víctimas de Arantepacua. (Con información de El Universal y Sin Embargo)
