El empresario Ricardo Salinas Pliego, junto con Grupo Salinas, anunció el pago de $32,132,897,658 pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para concluir largos litigios fiscales que se extendieron por más de dos décadas. El acuerdo, formalizado el 29 de enero de 2026, contempla un pago inicial de $10,400,630,537 pesos y el saldo restante será cubierto mediante un esquema de 18 mensualidades consecutivas, ajustándose a los beneficios y mecanismos previstos en el Código Fiscal de la Federación y las resoluciones judiciales aplicables.
Este movimiento pone fin a la controversia tributaria más mediática en México, aunque el Grupo enfatizó que la decisión de pagar no implica convicción de justicia, sino la intención de “dar vuelta a esta página” y finalizar lo que describieron como una “sistemática campaña” en su contra.
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Estructura del adeudo y esquema de pagos
El monto total que Grupo Salinas se comprometió a liquidar asciende exactamente a $32,132,897,658 pesos. De esta cantidad, ya se ingresó a la Tesorería de la Federación un primer depósito por $10,400,630,537 pesos.
El saldo restante, equivalente a aproximadamente $21.7 mil millones de pesos, se liquidará a través de un plan de 18 abonos, aprovechando los esquemas legales de pago en plazos y ajustes a la baja.
La discrepancia entre la cifra inicial y el pago final
Es clave contextualizar que el monto final de $32.1 mil millones de pesos difiere significativamente de la cifra que la autoridad fiscal había exigido inicialmente.
El 19 de diciembre de 2025, Antonio Martínez Dagnino, director del SAT, explicó que, tras una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el agotamiento de las instancias de impugnación, el Grupo Salinas debía cubrir un adeudo de $51 mil millones de pesos durante enero de 2026.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había señalado en su conferencia matutina que los contribuyentes en esta situación tenían derecho a solicitar ante el SAT ajustes a la baja de hasta 39% sobre el monto total del adeudo, conforme a la ley y las sentencias de los tribunales previos. El pago acordado de $32,132,897,658 pesos confirma implícitamente que se aplicó esta reducción porcentual.
Cronología del litigio y postura del gobierno
Este caso fiscal tiene raíces profundas, iniciando hace 12 años, cuando el SAT determinó a través de resoluciones administrativas, en 2013, adeudos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales entre 2008 y 2013.
- 2019-2023: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó las resoluciones emitidas por el SAT.
- 2026: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó de manera definitiva las impugnaciones de los tribunales interpuestas por el Grupo.
Martínez Dagnino recordó que, de conformidad con el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, es obligación de todos los ciudadanos contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa. Aunque el nombre de la empresa no se mencionó explícitamente durante las conferencias, el proceso de litigio había sido de conocimiento público.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum Pardo reiteró que el asunto es estrictamente “legal, jurídico y administrativo”, separándolo del ámbito político e instando a la Secretaría de Hacienda y al SAT a continuar informando.
El argumento de Grupo Salinas: pago bajo protesta
Grupo Salinas y su presidente fundador, Ricardo Benjamin Salinas Pliego, emitieron un comunicado destacando que su historial demuestra un cumplimiento constante, mencionando que en los últimos 20 años sus empresas han pagado más de $300 mil millones de pesos en obligaciones fiscales.
El Grupo aclaró que el pago de los $32 mil millones se realiza, aunque la empresa está en “profundo desacuerdo” y no acepta que el requerimiento sea justo. La motivación es clara: buscan “poner fin a esta sistemática campaña” en su contra para poder enfocarse en sus operaciones, que buscan crear prosperidad y valor, prestando servicio a sus millones de clientes y procurando el bienestar de las más de 200 mil familias que dependen de Grupo Salinas.
Tras la liquidación de este monto, el Grupo concluyó de forma categórica: “habremos cubierto absolutamente todo lo que el Fisco exigió en este largo litigio. A partir de ahora, no debemos nada al gobierno, por ningún concepto”.
El desenlace de este litigio, marcado por la aplicación de un descuento legal sustancial y el esquema de pagos extendidos, sienta un precedente relevante sobre cómo la autoridad tributaria y los grandes grupos empresariales gestionan la resolución de controversias fiscales complejas, aun después de que los tribunales han dictado sentencias definitivas. La controversia ha finalizado, pero la tensión narrativa entre la obligación constitucional y la percepción de “campaña” corporativa permanece en el análisis público.
