La aprobación unánime de la reforma para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas en México, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ocurrió en comisiones del Senado el 10 de febrero de 2026. Este primer paso legislativo, que contó con 48 votos a favor de Morena, sus aliados y el bloque opositor (PAN, PRI y MC), busca modificar el artículo 123, Apartado A, de la Constitución para establecer una jornada acortada que beneficiaría potencialmente a más de 13.5 millones de trabajadores.
No obstante, el consenso sobre la reducción de horas contrasta con el debate sobre su implementación. La polémica clave radica en la ausencia de una garantía explícita de dos días de descanso obligatorio y en la redefinición del límite de horas extraordinarias. Organizaciones y bancadas opositoras advierten que la redacción actual podría significar un retroceso en los derechos laborales, al abrir la puerta a la precarización y a la continuidad de extensas jornadas de trabajo que superan las 40 horas.
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Aprobación en comisiones y la ruta legislativa
La iniciativa presidencial, enviada al Congreso el 3 de diciembre, ha sido el resultado de meses de diálogo entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), liderada por Marath Bolaños, el sector empresarial, organizaciones sociales y sindicatos. Aunque la Confederación de Trabajadores de México (CTM) expresó su respaldo a la reforma, la unanimidad en la votación en comisiones (Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social, y Estudios Legislativos) tuvo matices significativos.
El dictamen, aprobado el martes 10 de febrero de 2026, avanzará al pleno del Senado este miércoles y posteriormente deberá pasar por la Cámara de Diputados.
Implementación gradual y su justificación oficial
Para evitar impactos abruptos en la economía y los procesos productivos, la reforma establece una transición progresiva. La disminución de horas iniciará a partir de enero de 2027, con un recorte de dos horas cada año hasta alcanzar la meta de 40 horas semanales en 2030.
El secretario Marath Bolaños defendió la medida argumentando que está comprobado que la reducción de la jornada mejora la calidad de vida de los trabajadores al permitir un mejor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral.
La reforma tiene como objetivo dejar atrás un esquema laboral centenario, sustentado en estadísticas que ubican a México con una carga laboral promedio superior a las 2,100 horas al año, un índice que está por encima del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, el 27% de la población ocupada trabaja más de 48 horas semanales, el porcentaje más alto entre los países miembros. Estos datos se relacionan directamente con el hecho de que el 75% de los trabajadores en México padece algún nivel de estrés laboral, situando al país en el primer lugar mundial en esta problemática.
La paradoja de la reducción: Dos días de descanso no garantizados
El punto más espinoso y el núcleo de la controversia es la omisión de garantizar dos días de descanso obligatorios y consecutivos en el articulado final. El dictamen mantiene el derecho constitucional a “un día de descanso por cada seis días de trabajo”, sin establecer explícitamente el segundo día.
La oposición señaló que esta falta de definición abre la puerta a que millones de trabajadores sigan laborando de lunes a sábado, descansando solo el domingo. El senador petista Alejandro Yáñez, aunque votó a favor de la reforma, cuestionó que por “obligación ética, moral y parlamentaria”, el dictamen debió haber expresado claramente el descanso de dos días por semana.
Críticas sobre el uso de horas extraordinarias
El segundo gran frente de crítica se concentra en la redacción sobre el trabajo extraordinario. La reforma permite hasta 12 horas extras a la semana, distribuibles en un máximo de cuatro horas diarias durante cuatro días. El dictamen especifica que el pago de las primeras horas extraordinarias será del 100% adicional, y de hasta 200% si se rebasan esos límites.Advertencias de simulación legislativa
Las bancadas del PAN y PRI advirtieron que la combinación de la falta de descanso garantizado y la ampliación del límite de horas extras convierte la reforma en una simulación:
- Carolina Viggiano (PRI): Sostuvo que “quitarle a los trabajadores una hora al día es una trampa porque las horas extras se van a incrementar a 12”. Su bancada propuso una jornada máxima ampliada de 49 horas y un tope de nueve horas extras semanales.
- Ricardo Anaya (PAN): Cuestionó la ampliación de nueve a 12 horas extras, insistiendo en que esto permite mantener la jornada de lunes a sábado y anula el beneficio de la reducción. También criticó la excesiva gradualidad hasta 2030.
La postura opositora es que el descanso no es un privilegio, sino una condición mínima para la salud, la productividad y la vida familiar.
El Frente Nacional exige ajustes radicales
Desde Querétaro, integrantes del Frente Nacional por las 40 Horas manifestaron su rechazo al contenido del proyecto presidencial, refiriendo que podría significar un retroceso o la precarización. Señalaron que, en Querétaro, el 23.9% de los ocupados laboraron más de 48 horas semanales en el tercer trimestre del 2025, con un promedio de 42.5 horas por semana, lo que demuestra la urgencia de un cambio inmediato.
El Frente enumeró sus principales preocupaciones sobre el dictamen:
Lista de controversias clave en la redacción actual
Propuestas alternativas del Frente Nacional
Para asegurar un verdadero trabajo digno, el Frente Nacional por las 40 Horas propuso a los legisladores ajustes al proyecto, incluyendo:
- Reducción de la jornada a 35 horas de forma inmediata (sin perjuicio salarial).
- Garantía de dos días consecutivos de descanso obligatorio.
- Definición de trabajo digno con un enfoque en cuidados.
- Contabilización del tiempo de traslado si este supera los 60 minutos.
- Máximo de tres horas extraordinarias por día, tres días a la semana (con pago triple después de la sexta hora semanal).
- Turnos rotativos voluntarios y renunciables.
La reforma constitucional avanza con un fuerte apoyo político que busca atender una demanda histórica, pero el diablo está en los detalles técnicos. Si el dictamen no corrige la ambigüedad sobre los dos días de descanso y el manejo de las horas extraordinarias, corre el riesgo de convertirse, como advirtió la oposición, en un cambio meramente cosmético que mantenga el estrés laboral y la sobrecarga que México ha padecido por décadas. ¿El pleno del Senado estará dispuesto a sacrificar la rapidez del avance por la calidad real del beneficio laboral?
