Las investigaciones sobre el aseguramiento de un buque con 10 millones de litros de combustible en Tampico han revelado detalles del funcionamiento de una red criminal dedicada al huachicol fiscal, según información de Sdpnoticias en la edición del 8 de septiembre.
Entre los detenidos se encuentran Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, y Francisco Javier Antonio Martínez, familiar político de Ojeda Durán. La red también involucraría a Fernando Farías Laguna, hermano de Manuel Roberto Farías, según la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con Sdpnoticias en la edición del 8 de septiembre.
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Sobornos por huachicol fiscal alcanzan 1.7 millones por buque
De acuerdo con declaraciones de un testigo protegido identificado como Alejandro Torres, los hermanos Farías Laguna pagaban 1.7 millones de pesos por cada buque de huachicol en la Secretaría de Marina (Ssemar). Torres aportó información sobre la logística de la operación, que incluía desembarques ilegales de combustible con el aval de funcionarios de aduanas.
El diario Reforma señaló que Torres, quien fue exdirector de la Aduana de Tampico y ahora es testigo protegido, permitió el desembarco de 14 buques entre abril de 2024 y enero de 2025. Los sobornos por cada embarque ascendían a 1,750,000 pesos, de los cuales Torres entregaba únicamente 330 mil a sus subordinados y retenía 1,420,000 pesos, de acuerdo con Puente Libre en la edición del 8 de septiembre.
Torres también identificó al Capitán de Corbeta Retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, actualmente prófugo, como uno de los intermediarios de los hermanos Farías Laguna para entregar dinero a funcionarios aduaneros.
Según el testigo protegido, Solano se comunicaba mediante la aplicación Threema, donde estaba registrado como “NK”, y nunca se identificó con su nombre real, aunque facilitó apoyo a Torres desde su llegada a la Aduana, incluyendo el envío de dos subdirectores para colaborar en el cargo, reportó Puente Libre.
Red de huachicol fiscal opera con 14 buques en Tampic
Las indagatorias de la FGR apuntan que los pagos por cada buque asegurado sumaban un total de 24 millones de pesos en sobornos, según Reforma en la edición del 8 de septiembre. Estos montos reflejan la operativa del huachicol fiscal en la región y la participación de funcionarios aduaneros en la recepción y distribución del dinero.
Los testimonios obtenidos durante la investigación detallan que los desembarques ilegales eran autorizados bajo la supervisión de Torres y otros funcionarios, quienes recibían pagos tres días o una semana después de que los buques hubiesen zarpado. Esto evidencia un patrón de coordinación entre la red criminal y los intermediarios, incluyendo oficiales retirados que facilitaban el contacto con los hermanos Farías Laguna.
Hasta el momento, la Fiscalía mantiene en proceso de investigación a los implicados y continúa la búsqueda de Miguel Ángel Solano Ruiz, mientras se analiza la documentación y los registros de los desembarques de combustible para determinar el alcance completo de la red de huachicol fiscal en Tampico. La información obtenida hasta ahora permite reconstruir parte de la cadena de pagos y la logística utilizada para el traslado ilegal de combustible.
