CDMX.– Con 349 votos a favor y 132 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que expide la nueva Ley de la Guardia Nacional y reforma diversos ordenamientos legales en materia de seguridad pública. La discusión en lo particular continúa en el Pleno, con la presentación de reservas por parte de diputadas y diputados de todas las fracciones, quienes también fijaron sus posturas durante el debate legislativo, de acuerdo con Excélsior en la edición del 24 de junio.
El paquete legislativo enviado por el Ejecutivo federal incluye tres ejes principales: la expedición de una nueva Ley de la Guardia Nacional, la creación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, y una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Congreso discute permisos políticos para la Guardia Nacional
Estas propuestas buscan reconfigurar el modelo de seguridad en México y reforzar el marco jurídico para tareas de prevención, investigación e inteligencia, según lo expuesto durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el martes 24 de junio, en Palacio Nacional, informó El Economista.
Uno de los puntos que ha generado mayor debate en torno a la nueva Ley de la Guardia Nacional es la inclusión de un régimen de licencias que permitiría a sus integrantes desempeñar cargos públicos. La propuesta introduce una “licencia especial” que habilitaría a personal militar en activo para ejercer cargos de elección popular, ser designado en comisiones civiles o asumir funciones en cualquiera de los tres niveles de gobierno, siempre que se separen temporalmente de sus funciones de seguridad pública.
Dicha disposición queda establecida en el artículo 44 del dictamen, el cual señala que el otorgamiento de la licencia estará a cargo del titular del Ejecutivo federal o de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta licencia será sin goce de haberes y permitirá que el personal militar se reincorpore a la Guardia Nacional al concluir el encargo civil, quedando a disposición de la Secretaría correspondiente, según se indica en la iniciativa, dictaminada a favor sin modificaciones, de acuerdo con Expansión Política en la edición del 24 de junio.
La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, cuestionó la iniciativa por considerar que podría abrir la puerta a una politización de las Fuerzas Armadas. Ortega subrayó que, a diferencia del esquema actual, que permite a miembros del Ejército en retiro ocupar cargos públicos conforme al artículo 35 constitucional, esta nueva legislación autoriza a personal militar activo a hacerlo, únicamente con la licencia especial.
Advirtió también sobre el riesgo de que dicha licencia no sea para contender en elecciones, sino directamente para ejercer el cargo, lo que podría interpretarse como una forma de designación directa.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la propuesta al señalar que el marco constitucional ya contempla esta posibilidad desde 1917, y que se encuentra también en la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea desde 1986. Según Sheinbaum, las críticas a esta reforma son infundadas, informó El Economista.
La reforma legal también plantea la definición de la Guardia Nacional como una fuerza permanente de seguridad pública con estructura militar, grados equivalentes al Ejército y funciones específicas en el ámbito civil. Se mantiene bajo el mando ministerial, es decir, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con atribuciones para la prevención e investigación de delitos.
Como parte del mismo paquete, se propone la creación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, encabezado por la SSPC y operado por el Centro Nacional de Inteligencia.
Este sistema tendrá como eje la anticipación de delitos mediante el uso de tecnología, y cualquier intervención de comunicaciones deberá contar con autorización judicial previa, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. La iniciativa busca establecer mecanismos de coordinación entre autoridades para enfrentar delitos de alto impacto, con respeto a derechos humanos y protección de datos personales, detalló Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, según El Economista.
