Un juez federal dictaminó prisión domiciliaria para el exgobernador Ernesto Ruffo Appel, de 74 años, pero la medida cautelar de prisión preventiva en El Altiplano persiste al no haber una orden directa de la jueza de control para su liberación.
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El limbo legal que retiene al exgobernador
El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, de 74 años de edad, obtuvo un dictamen judicial que le otorga el beneficio de la prisión domiciliaria. Sin embargo, continúa recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano. La medida cautelar de prisión preventiva se mantiene sin cambio, evidenciando una complejidad procesal que impide su traslado.
La dicotomía de la resolución judicial
La resolución judicial establece que Ruffo Appel seguirá bajo la misma condición. El fallo actual de la jueza Azucena Lazalde Íñiguez no posee la facultad directa para ordenar la prisión domiciliaria solicitada. Esto significa que la determinación de la juzgadora no impacta la necesidad de que la jueza de control, Alejandra Ramírez de la Vega, convoque una audiencia específica.
- El Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo ha señalado la convocatoria a una audiencia como el siguiente paso crucial.
- En dicha instancia se deberá determinar si la prisión preventiva se mantiene o si se permite a Ruffo Appel continuar el proceso judicial desde su domicilio particular.
Acusaciones de huachicol fiscal: un daño de 4 mil millones
Ernesto Ruffo fue detenido y vinculado a proceso el 16 de julio pasado en Ensenada, Baja California. Las imputaciones por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos justificaron su reclusión en un centro de máxima seguridad.
La red Ingemar y el contrabando de hidrocarburos
La Fiscalía General de la República (FGR) identifica a Ruffo Appel como presunto integrante de una red de huachicol fiscal vinculada directamente con la empresa Ingemar. Según las investigaciones de la Fiscalía, este esquema ilícito habría provocado un quebranto fiscal superior a los 4 mil millones de pesos. La FGR ha realizado cateos en bodegas de la Ciudad de México, afirmando haber encontrado pruebas substanciales contra Ruffo por huachicol fiscal.
- Entidad acusadora: Fiscalía General de la República (FGR).
- Delitos imputados: Delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
- Empresa vinculada: Ingemar.
- Daño fiscal estimado: Superior a los 4 mil millones de pesos.
- Antecedentes políticos: Ruffo Appel fue el primer gobernador emanado del PAN en Baja California, electo en 1989.
Apoyos políticos y la exigencia de un juicio justo
Dirigentes políticos y familiares de Ernesto Ruffo han manifestado su respaldo. Estos actores lo han visitado en el penal y han conformado comités para exigir su liberación. El martes, Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente nacional de Somos, y Verónica Ruffo Sánchez, hija del exgobernador, acudieron al penal del Altiplano. Relataron que Ruffo ha perdido peso, pero su carácter y ánimo persisten. Acosta Naranjo indicó que, tras su eventual liberación, habrá espacio para abordar temas políticos y el escenario de 2027.
La voz de Vicente Fox: “No tienen madre”
El 25 de agosto, el expresidente Vicente Fox Quesada y otros miembros del comité de apoyo al exgobernador argumentaron públicamente que, dada su edad, Ernesto Ruffo debería continuar su proceso bajo prisión domiciliaria. Fox reiteró la necesidad de un juicio justo, valorando las pruebas con rigor, y afirmó que Ruffo “no es un criminal”. La prioridad, según sus partidarios, se centra en garantizar un proceso legal equitativo.
- Argumento central: La edad del exgobernador es un factor determinante para la prisión domiciliaria según las leyes mexicanas.
- Declaración de Fox: “Según nuestras propias leyes, merece llevar el proceso de juicio en casa, como tiene un ciudadano mexicano con la honra y con el prestigio que él tiene. No es un criminal, lo digo, insisto, y por eso exigimos que se le deje estar en casa para llevar a cabo este juicio. No tienen madre a lo que le hicieron, no la tienen, por tenerlo recluido. Debe estar en su casa.”
- Prioridad actual: Garantizar un juicio justo y una valoración rigurosa de las pruebas presentadas.
