Decenas de residentes en Tijuana enfrentan la pérdida de su patrimonio tras confirmarse la operación de un cártel inmobiliario que utilizaba empresas inexistentes para comercializar terrenos. La Fiscalía General del Estado (FGE) ha clasificado formalmente estas actividades como fraude específico, tras detectar oficinas clausuradas y representantes legales ilocalizables.
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El modus operandi de la empresa inexistente en Lomas de San Antonio
La problemática alcanzó un punto crítico cuando familias que residen en la zona de Lomas de San Antonio descubrieron la irregularidad jurídica de sus contratos. El esquema operó bajo una fachada de legalidad que permitió la recaudación de pagos mensuales durante más de un lustro.
Uno de los casos documentados es el de José Antonio, quien durante cinco años cumplió con sus obligaciones financieras para adquirir un predio donde edificó su vivienda. La situación de incertidumbre comenzó al detectarse que otros vecinos estaban siendo desalojados de sus propiedades, a pesar de contar con comprobantes de pago o haber liquidado la totalidad de sus adeudos.
Oficinas clausuradas y la respuesta de la Fiscalía General del Estado
Al intentar confrontar a la administradora de los terrenos, las víctimas encontraron las oficinas centrales cerradas y con sellos de clausura. Estas instalaciones se ubican, de forma paradójica, en las proximidades de la Unidad Tijuana de la Fiscalía General del Estado.
- Estatus Legal: La empresa no cuenta con registro vigente ni existencia legal verificable ante las autoridades correspondientes.
- Acción Jurídica: La Unidad Tijuana de la FGE aceptó formalmente las denuncias por fraude específico.
- Incumplimiento: Los representantes inmobiliarios han evadido las citas de mediación y atención ciudadana programadas en sus sedes.
Exigencia de certeza jurídica y recuperación de activos
Los afectados mantienen una postura de disposición al pago, siempre que este se realice ante una entidad financiera o inmobiliaria con facultades legales legítimas. La prioridad para las víctimas radica en dos ejes fundamentales:
- Validación de pagos: Que el capital desembolsado durante años sea reconocido para garantizar la propiedad del suelo.
- Restitución: En caso de que la propiedad no pueda ser regularizada, se demanda la devolución íntegra de las inversiones destinadas a la compra y construcción.
El impacto social de este cártel inmobiliario trasciende lo económico, pues afecta directamente la seguridad habitacional de ciudadanos que invirtieron sus ahorros en un esquema que la autoridad ha determinado como criminal.
