El otorgamiento de asilo diplomático a Betssy Chávez Chino, exprimera ministra del Perú, detonó la ruptura de relaciones entre México y el gobierno de Lima. La decisión del Ejecutivo mexicano se tomó bajo el amparo del derecho internacional y la Constitución mexicana, luego de que la exfuncionaria solicitara protección ante lo que calificó como una persecución política tras su captura en 2023.
México sostuvo que el procedimiento fue realizado conforme a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, en la que ambos países son parte, y conforme a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Además, reafirmó que el asilo no debe considerarse un acto inamistoso ni una intervención en los asuntos internos de otro estado, informó el Gobierno de México el 3 de noviembre.
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La administración mexicana precisó que solo el estado asilante tiene la facultad de calificar la naturaleza de la persecución, por lo que la determinación fue tomada en apego a sus obligaciones internacionales y principios de política exterior.
Trayectoria de Betssy Chávez en el gobierno peruano
El gobierno peruano anunció la ruptura de relaciones diplomáticas tras el asilo otorgado a Betssy Chávez, al considerar que la decisión mexicana interfiere con su sistema judicial. El canciller Hugo de Zela señaló que la ex primera ministra está procesada como presunta coautora del intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, según Reporte Índigo del 3 de noviembre.
Chávez se desempeñó como jefa del Gabinete Ministerial en noviembre de 2022, un mes antes del fallido intento de autogolpe de Castillo. Previamente fue ministra de Cultura y titular de Trabajo y Promoción del Empleo, además de congresista por Tacna en el periodo 2021-2026. Es abogada por la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y maestra en Derecho Constitucional por la Universidad José Carlos Mariátegui, de acuerdo con Reporte Índigo del 3 de noviembre.
Debate sobre el alcance del asilo diplomático a Betssy Chávez
El internacionalista Óscar Vidarte, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señaló que, aunque Betssy Chávez enfrenta un proceso penal, México tiene la potestad exclusiva para calificar si existe persecución política. Explicó que la Convención de Caracas de 1954 obliga al Estado territorial —en este caso Perú— a permitir la salida del asilado si el Estado asilante lo solicita, indicó La República el 3 de noviembre.
Vidarte consideró que, pese a las diferencias políticas, Perú debe cumplir sus compromisos internacionales en materia de asilo, al ser signatario de los mismos instrumentos jurídicos que México. Agregó que este nuevo episodio podría tener consecuencias en la Alianza del Pacífico, bloque regional que ambos países integran junto con Chile y Colombia, según La República del 3 de noviembre.
El caso Betssy Chávez ocurre en un contexto de tensiones diplomáticas entre México y Perú derivadas del respaldo del gobierno mexicano al expresidente Pedro Castillo, destituido y encarcelado en 2022. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado su apoyo al exmandatario, al considerar que su salida fue producto de un golpe de Estado, según Reporte Índigo del 3 de noviembre.
