El Congreso de Quintana Roo volvió a mostrar ayer lo que ya se ha vuelto costumbre: un poder legislativo más concentrado en las intrigas internas y el cálculo político que en responder a las necesidades de la población. El enfrentamiento entre José Luis Pech Várguez (MC) y Wilbert Alberto Batún Chulim (Morena) no es un simple choque de egos; es el retrato de un sistema que se dedica a enterrar iniciativas incómodas, aunque representen justicia social.
El doctor Pech denunció que dos de sus propuestas —la derogación de la llamada Ley Chaleco y la creación de licencias de conducir permanentes— llevan meses detenidas en la Comisión de Movilidad. Batún Chulim, presidente de esa comisión, respondió con la vieja táctica del “no me llegó el oficio”, como si la burocracia fuera excusa suficiente para paralizar el debate. El problema no es el trámite, sino la voluntad política de mantener a la ciudadanía atada a gastos injustificados y a trámites interminables.
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Para Pech, la Ley Chaleco es un ejemplo claro de cómo se disfrazan medidas recaudatorias bajo el argumento de la seguridad. Obligar a motociclistas a comprar chalecos con números visibles no reduce los accidentes, pero sí incrementa la recaudación estatal.
La propuesta de licencias permanentes, por su parte, no es un capricho: ya fue aplicada por Andrés Manuel López Obrador en el entonces Distrito Federal y retomada ahora por Carla Brugada en la Ciudad de México. Es una medida que reconoce al ciudadano como sujeto de derechos, no como cliente cautivo de las ventanillas gubernamentales.
Bloqueo político y control interno marcan al Congreso de Quintana Roo
Lo más grave es que este bloqueo no es aislado. Jorge Sanén Cervantes, expresidente de la Jugocopo, ha convertido la congeladora legislativa del Congreso de Quintana Roo en un instrumento de control político: frena iniciativas de la oposición y de aliados incómodos, como el PT. El mensaje es claro: aquí no se legisla para la gente, se legisla para mantener cuotas de poder.
En El Madrazo lo decimos sin rodeos: la parálisis legislativa es una forma de corrupción. No se trata de maletines ni de sobornos, sino de un pacto silencioso para que nada cambie. Mientras tanto, los motociclistas siguen esperando chalecos inútiles y los ciudadanos permanecen atrapados en trámites absurdos.
Congreso de Quintana Roo, entre la obediencia partidista y la deuda social
La izquierda auténtica no puede permitir que se utilicen las instituciones para castigar la disidencia y premiar la obediencia. Morena, que enarbola el discurso de transformación, debe demostrar que no se ha convertido en aquello que critica. Y Movimiento Ciudadano, que busca diferenciarse, tiene que sostener sus banderas más allá de la tribuna.
El Congreso de Quintana Roo está en deuda con la ciudadanía, y esa deuda no se paga con discursos ni excusas burocráticas: se paga con leyes que respondan a la justicia social. Todo lo demás es simulación.
