KANTUNILKÍN, QR.- La Reserva de Flora y Fauna Yum Balam enfrenta una controversia por la titularidad de sus terrenos, luego de que autoridades federales informaran que, pese al decreto de 1994 que los reconocía como patrimonio nacional, actualmente no existe propiedad federal dentro del área protegida.
Durante su visita al Palacio Municipal, Francisco Remolina Suárez, director de la reserva, expuso que el decreto presidencial firmado por Ernesto Zedillo Ponce de León establecía que los terrenos nacionales dentro de Yum Balam quedarían bajo administración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). No obstante, a partir de 1999, con la aplicación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), las tierras regresaron como propiedad de ejidos y particulares.
También te puede interesar: Embajada de México en Lima podría ser intervenida, advierte José Jeri
Propiedad privada dificulta manejo de Yum Balam
El funcionario explicó que desde la implementación de Procede, la Conanp no tiene un solo metro cuadrado de propiedad dentro de la reserva, que tiene una extensión de 154 mil hectáreas en Yum Balam. Incluso, destacó que algunas zonas han sido invadidas desde el municipio de Isla Mujeres. La situación ha generado confusión entre los pobladores, especialmente porque algunos líderes ejidales han basado protestas en la creencia de que las tierras pertenecen a la dependencia ambiental.
Remolina Suárez detalló que la reserva de Yum Balam comprende los ejidos de Holbox, Chiquilá con anexo San Ángel, Solferino y Kantunilkín.
Agregó que el ahora excomisariado ejidal de Chiquilá ha utilizado esta situación como argumento en movilizaciones recientes. Según especialistas, el conflicto agrario y ambiental en Yum Balam podría afectar los mecanismos de protección ecológica, debido a la falta de claridad en la gestión de los territorios.
Asimismo, se advierte que la ausencia de propiedad federal podría representar un riesgo para la conservación de Yum Balam, pues dificulta la implementación de acciones regulatorias dentro de la reserva. Organizaciones ambientalistas solicitan que se revisen los alcances legales del decreto original, con el fin de garantizar la protección de esta área estratégica para la biodiversidad en Quintana Roo.
