CHETUMAL, QR.– Las zonas arqueológicas de Dzibanché y Kinichná mantendrán sus tarifas de acceso al público para 2026, aseguró la presidenta del Comisariado Ejidal de Morocoy, Sonia Méndez Lile, quien agregó que continuarán con la administración mientras se resuelve el conflicto jurídico por las tierras.
A diferencia de lo previsto en otras ruinas prehispánicas del estado y del país, los centros arqueológicos de la comunidad no aumentarán sus costos.
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Actualmente estos puntos turísticos están abiertos al público, y la tarifa es de 50 pesos para visitantes nacionales y 60 pesos para turistas extranjeros.
Tarifas de acceso se mantienen pese a aumentos en otras ruinas
El ejido de Morocoy se hará cargo del cobro por el acceso mientras se emite una sentencia sobre el proceso jurídico contra el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que se niega a indemnizar por la expropiación de los terrenos donde se encuentran ambas zonas arqueológicas.
Las tarifas de acceso se mantienen desde 2022, cuando se instaló la caseta de cobro en el acceso a las ruinas, durante la anterior administración ejidal.

Se informó que cada semana ingresan alrededor de 200 personas a estos sitios, cifra que varía en temporadas altas o vacacionales. Los recursos se destinan principalmente al mantenimiento del camino de acceso.
En octubre pasado, la Cámara de Diputados federal aprobó aumentos en museos y zonas arqueológicas. En Quintana Roo, ruinas como las de Tulum fueron clasificadas en la categoría 1, con un costo promedio de 100 pesos, que se elevará a 209 pesos el próximo año.
Ejido asegura tarifas de acceso sin modificaciones en 2026
En la categoría 2 están centros como Dzibanché, que actualmente cobran 80 pesos por persona y, según Vázquez Lile, mantendrán esa tarifa a pesar de que deberían subir a 156 pesos.
Las zonas prehispánicas en la categoría 3 tienen una tarifa de alrededor de 75 pesos y aumentarán a 143 pesos en 2026.
Pleito legal
El conflicto surge porque el INAH se ha negado a indemnizar a 271 ejidatarios de Morocoy, en el municipio de Othón P. Blanco, por la expropiación y usufructo de 300 hectáreas donde se asientan Dzibanché y Kinichná.
Por ello, el ejido inició un proceso legal contra el organismo nacional para exigir el pago correspondiente.
La audiencia ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) se realizó el 28 de noviembre pasado, donde ambas partes presentaron pruebas, luego de que el INAH ha usufructuado los centros prehispánicos por más de 20 años sin cumplir con la indemnización.
El ejido destacó que la imparcialidad de la autoridad agraria es de suma importancia, ya que aseguran tener la razón jurídica.

